El Ejecutivo cedió en su intento original de incrementar sólo 20% la luz y el gas. En los próximos dos años y medio, la Argentina será auditada para recibir desembolsos trimestrales para saldar el préstamo récord obtenido por Macri y estos nuevos giros se devolverán entre 2026 y 2034.
El Gobierno anunció por fin oficialmente este jueves que cerró el acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo enviará en las próximas horas al Congreso para su ratificación, en lo que será una votación de resultado incierto. El proyecto de ley que mandará el Ejecutivo incluirá los entendimientos y los textos técnicos del pacto por el que se renegocia el “fallido” programa que había sellado el gobierno de Mauricio Macri, según el entrecomillado del comunicado de prensa de la administración de Alberto Fernández. En 2018, el FMI otorgó el mayor crédito de su historia: le dio a la Argentina US$ 45.000 millones.
Aquí detallamos las claves del anuncio:
El acuerdo permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos en el programa stand by de 2018, que presentaba vencimientos concentrados principalmente en 2022 y 2023.
El pacto alcanzado se basa en lo que se conoce como Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) por sus siglas en inglés) que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del Congreso y luego del directorio del FMI (donde están representadas las grandes potencias). El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.
El Gobierno y el FMI coincidieron en que la inflación es un fenómeno multicausal y es uno de los principales desafíos de la política macroeconómica. “La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas”, asegura el comunicado del Ejecutivo, que difundió el Ministerio de Economía, que encabeza Martín Guzmán.
“El programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas”. El Gobierno descartó una devaluación fuerte, aunque sí prevé depreciaciones a mayor ritmo que en 2021.
“Al mismo tiempo, se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos. También este proceso será acompañado por políticas de precios e ingresos que contribuirán a anclar expectativas en pos de una desinflación gradual junto a una continuidad de la recuperación de los ingresos reales”, completó su receta antiinflación con acuerdos de precios.
“Se apunta a una reducción gradual del déficit fiscal, consistente con un crecimiento moderado del gasto en términos reales con el objetivo de apuntalar la recuperación económica en curso, al tiempo que se fortalecen el crédito y la moneda nacional”, es decir, que las erogaciones totales subirán más que la inflación, pero algunas crecerán y otras se ajustarán. “Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024”, define uno de los memorándum. En 2021, el rojo había sido del 3%. “Este sendero hace posible un paquete equilibrado de medidas de gastos e ingresos para sostener una política expansiva que permita aumentar la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, promover la generación de empleo, seguir impulsando la actividad económica y fortalecer la asistencia social enfocados en abordar la pobreza infantil y reorientando el apoyo para promover la inclusión en el mercado laboral, particularmente de las mujeres y las personas con menor calificación laboral”, completó el Gobierno.
“En relación a las jubilaciones, el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional. Por el contrario, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la ley 27.609. Dicha fórmula permite que las prestaciones crezcan a partir de los incrementos de la recaudación nacional y de los salarios de la economía”, sostuvo el Ejecutivo. Como los ingresos tributarios, principalmente, y los sueldos, en menor medida, le han ganado a la inflación en los últimos meses, se espera que las jubilaciones le ganen a los precios en los próximos meses, pero hay dudas sobre el resto del año.
“Atendiendo la gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía, el Gobierno está comprometido en procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios”, se refirió a la guerra de Ucrania, que aumenta el costo de la importación de gas y, por tanto, de los subsidios.
“En el marco de sus objetivos de estrategia energética, está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso. Estas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales”, se refirió al anuncio de esta mañana de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. “Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial (anteriormente denominado CVS), como lo establecía la Ley N27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior. Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago. La segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles, conforme los parámetros que determine el Poder Ejecutivo nacional en el marco de su competencia según el servicio público de que se trate: a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago; b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior, c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior”, continuó.
En concreto, el previsto encarecimiento de la luz y el gas del 20% sólo incluirá a los que tengan tarifa social (30% de los hogares), mientras que la clase media (60% del total) pagará 42% más y el 10% más rico triplicará su factura. “Durante 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c). Para 2022 se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario. La propuesta para los usuarios no residenciales contempla el pago de la tarifa plena para los grandes usuarios de distribuidor (Gudi) y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública”, completó el Gobierno.
