Por Pablo Urrutia
El cuadro de situación del transporte público en colectivos de Paraná puede ser engañoso por su efecto dejavú, nada cambia, todo vuelve a ser una repetición de algo ocurrido meses pasados, durante años. Un nuevo aumento del boleto, los cruces discursivos por el servicio, la entrevista callejera al usuario diciendo que no está de acuerdo, las frecuencias, el estado de los coches, el pliego de condiciones, Lischet. La empresa pide tanto, el Ejecutivo aprueba tanto. La secuencia se repite, pero no es cierto que nada cambie.
El oficialismo aclara que el porcentaje de aumento otorgado se basa en la prestación actual del servicio, que es pésimo. Pero lo que dice es cierto. Hace más de una década que el servicio no hace otra cosa que deteriorarse y en ese proceso, los subsidios se convirtieron en un ingreso importante para la prestación. El pliego de condiciones aprobado durante la gestión de Cambiemos favorece a la empresa, pero también dispone objetivos que de cumplirse mejorarían el funcionamiento, pues nunca se implementaron. También el oficialismo expresa que los aumentos otorgados este año, el actual y el anterior en marzo, se dieron por debajo de la inflación. También es cierto. Además, es de notar que esta actualización tarifaria fue más tranquila que la anterior, rodeada de amenazas de paro y despidos. En aquella sesión, el presidente del bloque del peronismo en el Concejo Deliberante, Sergio Elizar cuestionó “el chantaje, la extorsión de ERSA”.
En junio de este año, el Ministerio de Transporte de la Nación estableció la distribución de $16.050 millones para el cuatrimestre julio-octubre, correspondiente al Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano de las provincias. El desembolso se da en el marco del aumento del 10% en los subsidios a los colectivos dispuesto para julio, agosto y septiembre. En octubre habrá un adicional del 16,9%. La pelea por la torta de subsidios al transporte público ocupa un lugar importante en la agenda política. El reclamo llegó a los propios gobernadores que le exigen a Alberto una distribución más equitativa. Ya lo habían planteado los titulares de áreas de transporte provinciales reunidos en Córdoba, hace unos meses. El gerente de ERSA Urbano no se cansa de decirlo. Hay una asimetría notable entre el AMBA y el resto del país. El 80% se concentra en el área más rica, donde las y los usuarios pagan, en promedio, 25 pesos por pasaje. Durante la pandemia, hubo un subsidio extra para el transporte; con unos millones más, el Estado pudo haberse convertido en dueño de las empresas del área metropolitana bonaerense. La desigual distribución entre AMBA y provincias, no significa que se le esté robando la limosna al cura. La UTE Buses Paraná explica casi el 70% de sus ingresos en los subsidios nacionales, provincial y el Municipal, por el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU). El porcentaje que ocupan los subsidios en los ingresos de las empresas, convierte al Estado en prácticamente un socio accionista. Sin embargo, como lo dio a entender Elizar, no es el trato que reciben de parte de los empresarios.
Hasta que la economía se recupere, los subsidios tienen un papel central. El Estado se hace cargo de cubrir la rentabilidad del negocio. En este bucle aparente, lo que cambia es el deterioro gradual del servicio de colectivos, tal vez hoy más claro que antes. El punto es cuándo se considera que la empresa debe comenzar a cumplir con el pliego de condiciones por el cual accedió a la concesión. Entre las diferencias con que se encontró el especialista en transporte del Ejecutivo, encargado de analizar el estado de situación presentado por la empresa y compararlo con un relevamiento propio, se destaca que según ERSA Urbano Paraná, a febrero de este año, todos los colectivos contaban con rampa para personas con discapacidad motriz. Diferencias en la cantidad de combustible, en la planta de trabajadores y en la cantidad de coches rodando, además de gastos llamativos en empresas de monitoreo, con números siempre a la alta, pueblan los informes de la empresa. La postura del oficialismo, si bien es sincera, no siembra esperanzas. Coincide en que el servicio es muy malo, pero en el análisis de costos termina bajando las banderas. El Órgano de Control del SITU, donde se analiza el servicio de colectivos en Paraná, no logra salir de la discusión del aumento del boleto. La actual gestión amagó en su momento con dar el debate acerca del servicio pero quedó entrampada en la estructura de costos. No está dispuesta a aumentar al nivel que propone la empresa, para ello se basa en la situación real del sistema de colectivos, pero se expone a un inminente empeoramiento del servicio. Darle a la empresa menos de lo que pide y habilitar una actualización tarifaria por debajo de una inflación galopante, es también renunciar a cualquier tipo de mejora, dejar de lado la discusión por el servicio y aceptar un estado de flotación donde, en el mejor de los casos, todo seguirá igual de mal. Esto que parece ser un castigo a la empresa, puede ser en realidad una comodidad si se acepta que su energía está centrada más en la gestión de subsidios que en la venta de pasajes, algo que va en caída, obviamente. Gradualmente ha reducido coches y también frecuencias. Achicar el servicio mientras se mantiene el margen de rentabilidad vía subsidios, no es una mala ecuación, si no hay del otro lado el control del Estado.
Se destaca y se agradece la intención del Gobierno local de cuidarnos el bolsillo. Se podría implementar un subsidio Municipal que promueva mejoras. Lo que hoy aporta a la empresa en concepto del boleto estudiantil gratuito, ronda los dos millones de pesos, una cifra muy menor a los subsidios provincial y nacional. Es cierto que una maniobra así, después de lo dicho, sería como seguir engordándole el chancho al vecino, pero no si está atada a un proyecto que avance hacia el servicio público que necesitamos.
Acercar un poco los números a lo que pide ERSA Urbano, en el marco de un plan de mejoras acordado, con plazos definidos, como sea que se logre, habilitaría un escenario distinto y tal vez más cercano a las necesidades de las y los paranaenses. Quebraría la inercia descendente y comprometería a la empresa a pensar en mejorar, devolviendo al Estado una potestad que se merece y que es rechazada con desprecio. Un mal servicio, que complica la vida de las y los ciudadanos e insume gastos ingentes al erario, no es tantísimo mejor a su ausencia, la espada de Damocles con la que Buses Paraná, sin empachos en dejar claro que es un monopolio con piel de UTE, amenaza al Municipio. Tal vez lo que estemos necesitando las y los paranaenses no sea pagar por debajo de la inflación un boleto de colectivo cuya diferencia vamos a perder en el primer kiosco al que entremos, sino un servicio que sirva de forma cotidiana, que sea previsible, con el que podamos contar para ir a hacer trámites, a trabajar o a la escuela y al que no tengamos que esperar 45 minutos a la intemperie.
