El testimonio de Rodríguez Signes, que el Ministerio Fiscal había desistido pero que las defensas mantuvieron, giró en torno a tres ejes: los contenidos de los dictámenes que realizó el organismo a su cargo sobre las contrataciones que la acusación considera ilícitas; los informes que elaboró Fiscalía a pedido de la Justicia luego de que se produjeron las denuncias en sede penal sobre estas supuestas irregularidades y el conocimiento que tiene el funcionario sobre la administración y el control de actos de gobierno, sustentado en más de 13 años de experiencia al frente del organismo.

Con respecto a los dos primeros, Rodríguez Signes ratificó su contenido: no existieron irregularidades en los procedimientos de contratación en base a las intervenciones que tomaron otros organismos del Estado y la propia Fiscalía, llegado el caso.

Fue durante un repaso de la documentación que está incorporada a la causa que hizo el abogado defensor Raúl Barrandeguy.

En el denominado “Megajuicio”, se juzga por presunto peculado y negociaciones incompatibles con la función pública al ex gobernador Sergio Urribarri; ex funcionarios y particulares, acusados de desviar a través de la publicidad oficial fondos públicos para fines particulares que incluían, según el relato de Fiscalía, a la campaña del ex mandatario para alcanzar la presidencia.

Rodríguez Signes, a través de un escrito fechado hace unos años que ratificó con su testimonio, remarcó, por caso, que la contratación de los spots publicitarios de la Cumbre del Mercosur se concretó conforme al ordenamiento legal vigente, ya sea por el marco específico que dio la ley 10.327 que declaró de interés el evento como por el general de la ley 5.140, que habilita la contratación directa de publicidad oficial. Vale recordar, sin embargo, que el organismo a cargo de la Cumbre hizo un cotejo de precios del que salió seleccionada la firma Nelly Entertaiment.

El Fiscal de Estado marcó un dato relevante para la causa: “El Tribunal de Cuentas se dirige al Poder Ejecutivo de dos maneras. Por observación, que significa ‘saneen un vicio de procedimiento saneable’ o aconseja determinado procedimiento. La otra, en la que se dirige en particular a Fiscalía de Estado, que es cuando encuentra perjuicio fiscal adjudicando responsabilidad a un funcionario para que la Fiscalía de Estado lo demande”, en base a lo prescripto en el artículo 49 de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas.

Y más adelante agregó que no conocía casos de lesividades que perjudiquen al Estado en la contratación de publicidad oficial presentadas por el Tribunal de Cuentas ni tampoco presentaciones de este organismo para reclamar la revocación de contratos publicitarios. “Tampoco vi, en los últimos 10 años, presentaciones por el artículo 49”, añadió.

· El informe

En segundo turno, las defensas presentaron el testimonio de Maximiliano Macedo, un especialista informático que realizó un informe sobre la base material de las actas de allanamiento realizadas en las empresas de calle Racedo que Fiscalía entiende que no son propiedad de quienes figuran como dueños, sino del cuñado de Urribarri: Juan Pablo Aguilera.

Según la teoría del caso de la acusación, las firmas TEP y Next junto con “Bustamente” y “Montañana” serían la base de una operación de cartelización para desviar fondos públicos a través de publicidad oficial en vía pública

Macedo también tuvo a la vista los informes que elaboraron los técnicos de Fiscalía Guillermo Fritz y Fernando Ferrari y que son fuertemente cuestionados por la falta de incumbencia técnica de quienes los hicieron.

Sobre esta base sostuvo que la información producida sobre las computadoras y teléfonos secuestrados no cumplían, o lo hacían parcialmente, elementos básicos de los protocolos de identificación, recolección/adquisición, preservación, análisis y presentación  de la prueba informática.

La información con la que contó el técnico informático fue parcial. El propio abogado defensor Miguel Cullen reconoció su error de no hacerle llegar las filmaciones y fotografías del procedimiento realizado sobre los equipos.

El técnico consideró que fue una falla no describir si las pc y notebooks estaban apagadas o encendidas. Y apuntó a la falta de control de las conexiones, debido a que eso permite modificar el contenido a distancia, borrar o agregar información. Los equipos “pueden ser manipulados a distancia y las personas presentes no se darían cuenta”, reconoció. Para eso se sugiere, apuntó, el resguardo de los elementos en las denominadas “Bolsas de Faraday” o bajo tres capas de papel de aluminio, que los aislan definitivamente de conexiones externas.

Además, cargó contra la “evaluación en caliente” que hicieron Fritz y un pasante de la Uader en el mismo lugar del allanamiento sobre las computadoras, debido a que eso facilita la pérdida de información. Este tipo de operación “debe ser una excepción”, razonó, expresando que los equipos debían haberse retirado y analizado bajo mejores condiciones de seguridad.

“Desde un punto de vista técnico, la realización de tareas en caliente representa una contaminación. Se está agregando información a un equipo que no está”, argumentó el técnico informático.

Pese al intento de Fiscalía de anular el informe de Macedo, los jueces José María Chemes; Elvio Garzón y Carolina Castagno confirmaron decisiones previas y definieron su incorporación como prueba a la causa.

· El acta de la polémica

Al momento del contrainterrogatorio a Macedo, el Ministerio Fiscal había encontrado un punto flojo en el que estaba machacando con fuerza. Parte del escrito que se presentó al Tribunal había sido elaborado por un abogado que no había sido convocado como perito por la Justicia y, por lo tanto, estaba excluido. Además, contaba con aseveraciones de tipo jurídicas sobre las que el informático no podía responder.

Pero este avance desbarrrancó cuando la fiscal Patricia Yedro ofreció mostrarle al testigo el acta complementaria del allanamiento en calle Racedo que el perito dijo no había tenido a la vista cuando hizo el informe.

Cuando Macedo observó el texto elaborado por Fritz y Ferrari, rápidamente comenzó a marcar anomalías. Dos de ellas fueron que no se había especificado de qué ambiente particular de las oficinas se habían retirado las computadoras ni a qué hora ni tampoco se había detallado cómo se había hecho las copias de seguridad de los discos duros sobre los cuales luego se realizaron las pericias.

Yedro intentó remendar su error retirando el acta de exhibición, pero ante las quejas de las defensas,  el Tribunal ordenó que se le exhiba para que pueda leerla por completo. Visiblemente ofuscado con su compañera, el agente fiscal interino Juan Francisco Ramírez Montrull tomó la posta del interrogatorio y comenzó a azuzar a Macedo. Las quejas de la oposición generaron otro entredicho que se reencauzó cuando Chemes le pidió, elípticamente, a Ramírez Montrull “vamos a bajar el tono” para proseguir la audiencia.

Las defensas volvieron a pedir la palabra y aprovecharon el yerro de Yedro para que el técnico informático subrayara otras falencias de los informes de Fritz y Ferrari, como por ejemplo que no se especificó de qué manera se grabaron los DVD con la información que se retiró de las computadoras, ni se especificaron cuáles fueron las palabras que Fiscalía proveyó como “criterios de búsqueda” en los equipos ni tampoco se precisó de qué manera se seleccionó un correo electrónico con el asunto “Temas de hoy”, cuyo contenido ha servido para sustentar buena parte del caso de Fiscalía.

Tras el cierre de la audiencia, el Tribunal anunció que la próxima audiencia se concretará tras la feria de verano, el 1° de febrero de 2022. (APFDigital)