Vinagre fue la segunda testigo de la jornada. Su aporte era vital para entender el proceso administrativo ya que la hipótesis acusatoria de la Fiscalía gira en torno a que en la contratación de los spots y su difusión hubo discrecionalidad, direccionalidad y sobreprecio y que, por otro lado, tenían como fin no mostrar políticas públicas del gobierno si no promocionar la figura de Urribarri en momentos en que el ex mandatario no escondía sus intenciones  de ser presidente.

Vinagre, actual fiscal de cuentas N° 1, actuó en 2014 a instancias del entonces coordinador de la Cumbre, Hugo Céspedes, un ex funcionario provincial que falleció a poco de que comenzaran las audiencias.

Céspedes le consultó al Tribunal de Cuentas (TdeC) si la contratación de los spots era o no encuadrable dentro de los gastos de la Cumbre, aprobados por ley 10.327. Fue antes de responder al pedido por nota del entonces ministro de Comunicación, Pedro Báez, quien elevó la recomendación a fin de aprovechar el evento para darle difusión a la provincia y a las políticas públicas desarrolladas.

El organismo de contralor le pidió un dictamen a Vinagre, por entonces asesora legal, y esta dio luz verde. Pese a esto, aclaró que ese gesto afirmativo no implicaba dejar de lado los controles que con posterioridad el Tribunal de Cuentas efectúa. En el esquema de control provincial TdeC interviene luego del gasto, mientras que Contaduría lo hace antes y durante y Fiscalía de Estado se expide sobre su legalidad. Estos últimos dos organismos también dieron curso positivo a la consulta de Céspedes.

· En detalle

Ante distintas consultas de Fiscalía y las defensas, Vinagre fue dejando algunas precisiones. En primer lugar, especificó que su intervención inicial fue previa, antes de la contratación, previsto en la normativa algo que es práctica usual en la administración pública.

La consulta puntual del Ministerio Público fue si la ley 10.327, que autorizó procedimientos especiales para atender la realización de la Cumbre, era aplicable o no. “Sí, porque alcanza a su ámbito de aplicación”, dijo Vinagre en el dictamen y lo reiteró ante el Tribunal esta mañana.

Luego destacó que la solicitud para difundir los spots fue de quien tenía a cargo las políticas públicas de comunicación (Báez) y que la publicidad se haría durante la Cumbre por lo que entendió “que entra dentro del ámbito de aplicación de la ley”, dijo.

“¿En qué se basó al momento de definir la inherencia?” de la contratación, preguntó Fiscalía. “En lo que informa el Ministro de Comunicaciones que según la ley es competente para fijar las políticas públicas”, respondió. “¿Es decir que el Ministro fue quien definió la inherencia?”, insistió la acusación. “El Ministro dice que es necesario e inherente a la Cumbre del Mercosur la difusión de esos cuatro spots. Soy abogada, no soy licenciada en marketing ni publicista como para mirar los spots y decir, en definitiva, qué es lo que se publicitará”, contestó Vinagre.

Durante varios tramos del interrogatorio, Fiscalía volvió sobre este punto, a pesar de las reiteradas y precisas explicaciones del procedimiento legal y administrativo que hizo la funcionaria.

“Tampoco el hecho de que fuera aplicable (o no) la ley de la Cumbre a este tipo de contratación tenía consecuencias fácticas que impidieran algún tipo de control. Al contrario. Todas las contrataciones de publicidad según lo dispuesto por la ley se hacen de manera directa. No se necesita una ley especial. Y (la 10.327) sumaba un control al que no estaba sujeta la publicidad que era la comunicación (de las contrataciones) a la Legislatura”, abundó.

Fiscalía, otra vez, volvió a poner en tela de juicio el procedimiento de contratación directa de publicidad requiriendo a la testigo que detalle cuáles eran las condiciones para ir por esta vía.

“La contratación de publicidad normativamente ya es excepcional. El solo hecho de que sea una publicidad ya encuadra dentro de las contrataciones por excepción que la ley prevé. No es como en otros casos, donde se podrían hacer por otra vía y es necesario acreditar elementos externos al objeto que demuestren la urgencia o la imposibilidad de hacerlo por otros procedimientos”, remarcó la testigo.

“Si está claro que la contratación es por publicidad de actos de Gobierno, ingresa directamente (a la previsión legal) y no es necesaria mayor argumentación”, acotó.

· Tiempo después

Vinagre mencionó que la contratación de publicidad para la Cumbre aún está siendo objeto de estudio por parte del Tribunal de Cuentas, que aún no aprobó el proceso final.

La funcionaria remarcó que, hasta ahora, el control legal del organismo no encontró objeciones. Y que no hubo indicios de favoritismo hacia un publicista en particular. “Tampoco está dentro de nuestro ámbito de competencia el establecer. Hubo tres invitaciones (a cotizar) a distintos proveedores del Estado y se terminó seleccionando a uno de ellos”.

Este elemento es fundamental, porque la teoría del caso de la Fiscalía es que la contratación de Nelly Entertaiment, empresa de Jorge “Corcho” Rodríguez, fue digitada. “Nunca advertimos que haya existido arbitrariedad en la selección del contratista”, remarcó Vinagre.

En la evaluación final del Tribunal de Cuentas solo resta conocer información vinculada con los valores de compra de espacios en los medios que difundieron los spots.

El abogado Miguel Cullen le consultó si se ha determinado en el avance de las controles la existencia de sobreprecios. Vinagre comentó que hicieron consultas a los medios donde se irradiaron los avisos sobre el valor de los de segundos la banda horaria correspondiente (prime time / horario central, el más oneroso). Hubo una respuesta casi total.

“Lo que hizo el Tribunal de Cuentas, a través del cuerpo de auditores, fue sumar todos los costos. Se llegó a un valor levemente inferior al abonado por el Estado provincial”, comentó. La diferencia entre un monto y otro es del 5% “pero nos faltó establecer el valor que se paga por intermediacion” de las agencias de publicidad, en el caso particular Nelly Entertaiment y Punto Art, la subcontratista.

· A primera hora

Raúl Galarza fue el primer testigo de la jornada. El empleado de las empresas TEP y Next, las dos firmas que la Fiscalía sostiene que son propiedad del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera y no de quienes aparecen en los papeles (Emiliano Giacopuzzi; Maximiliano Sena; Alejandro y Luciana Almada) habló de las actividades que cumplía en la sede de calle Racedo donde funcionaban las firmas.

Galarza es amigo de la infancia en General Campos de Giacopuzzi y Sena, quien lo acompañaba en la venta de diarios de niño cuando era canillita.

Su llegada a la empresa se dio en 2011, luego de haber participado en la campaña electoral de ese año, oportunidad en la que estuvo en la sede de las firmas en gran cantidad de oportunidades acompañando a Aguilera, responsable de la contratación de merchandising del PJ.

Fiscalía le preguntó si sabía quién era dueña de la empresa. Mencionó a Luciana Almada, a quien conocía por ser la pareja de Aguilera. Además, dijo que cuando Almada no podía concurrir a reuniones de trabajo, su pareja la reemplazaba. Pero no aportaba nada ni tomaba decisiones, consignó.

La acusación le mostró gran cantidad de documentos donde figuraba su nombre o un sobrenombre  con el que se lo conoce también (“Tati”). Uno de ellos era una planilla excel con detalle sobre la implementación en las empresas del sistema de comunicación interno Stark. Galarza dijo no conocer el texto, estar viéndolo por primera vez. Ni siquiera sabía qué era Stark, abundó.

El testigo también contempló varios mails que partieron de las empresas hacia su casilla de correo donde también figuraba el nombre o la casilla de correo de Aguilera y que mencionaba distintas actividades. Pero también dijo no haberlos visto nunca. En la prueba mostrada por los fiscales tampoco constaban constancias de recibido ni respuestas por parte de Galarza, como señaló la defensa.

Al igual que con otros testigos, Fiscalía hizo foco en un talonario de facturas encontrado en casa de Aguilera, en este caso a nombre de Galarza. El testigo reconoció que trabajó en la Cámara de Diputados bajo la órbita del diputado Hugo Berthet (quien ya testimonió y confirmó sus dichos) hasta el 2012. El talonario apareció en la residencia de Aguilera en 2016. Se le exhibió al declarante una factura sin firma, pero no reconoció como propia la letra con la que estaba confeccionada.

Cabe acotar que en ninguno de los cinco expedientes llevados a juicio se investiga la contratación de personal en la Legislatura ni irregularidades conexas. (APFDigital)