La jueza comercial Marta Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino SA, compañía de la familia del expresidente Mauricio Macri, según el fallo de este lunes publicado en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación. Su resolución llegó tras dos décadas de concurso de acreedores, un escándalo político, causas judiciales y una deuda millonaria de la empresa con el Estado. La bancarrota deja abiertos también varios frentes penales por presunto fraude y vaciamiento que los responsables de la compañía deberán afrontar.

La magistrada basó su decisión en las supuestas maniobras fraudulentas para evitar la quiebra de la compañía -que venían siendo advertidas por la fiscal general Gabriela Boquin desde finales de 2016- y en la imposibilidad de Correo para cumplir con los requisitos legales que podrían haber garantizado el salvataje de la sociedad anónima, según su escrito. 

Cirulli también prohibió la salida del país hasta el 1° de noviembre próximo a los administradores que respondían a los Macri. Correo tenía como principal accionista a Socma, propiedades de miembros de la familia del expresidente. La jueza también decretó “la inhabilitación definitiva” de Correo y la de los administradores, por el plazo de un año contado.

La principal accionista de Correo es Socma (Sociedades Macri), cuyos accionistas son miembros de la familia del expresidente. En 2001, Correo entró en concurso de acreedores. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $4.000 millones , según el cálculo del Ministerio Público Fiscal

Este domingo, Macri había dicho en una carta pública: “No sólo está en juego la integridad de mi familia, sino la idea misma de Justicia” y apuntó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, jefe de los abogados del Estado que pidió la quiebra de Correo. Según Macri, el funcionario actuó “en contra de los intereses del Estado y de la gente, rechazó cobrar el 100% de lo adeudado” por la empresa. Socma, en tanto, busca desde febrero último que el caso sea absorbido por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

"Es un día nefasto para la justicia comercial argentina", sostuvo Correo este jueves por la tarde en un comunicado oficial. "La quiebra fue resuelta por una jueza recusada y requerida por la fiscal de Cámara que también se encuentra recusada. La quiebra se decretó a pesar de contarse con la conformidad de todos los acreedores de la empresa, excepto el Estado Nacional. La injusticia es mayor cuando el Estado Nacional es el culpable de la presentación en concurso por sus incumplimientos y por haberse apropiado ilegítimamente de todos los bienes de la concursada", afirma el comunicado. 

La jueza, que interviene en el caso desde 2005, contradijo esta versión de Macri y de Correo en su fallo e incluso mencionó “lo atípico de la duración” del concurso, un proceso que la propia Justicia postergó durante casi 21 años (se cumplían el 9 de septiembre próximo). Aseguró que si hubiese aprobado el salvataje, algunos de los acreedores “deberían aguardar no menos de once años más para percibir sus acreencias. Si sumamos ese lapso a los veinte transcurridos, es claro que para cobrarlas habrían esperado treinta y un años, aproximadamente”, afirmó.

Las razones de la quiebra
La sociedad Correo Argentino se encontraba intervenida judicialmente desde marzo de 2020 y los administradores de los Macri perdieron el control de la compañía. El manejo de la empresa residual -que no tenía actividad económica- quedó entonces a cargo de una interventora judicial. 

Para evitar la quiebra, en agosto de 2020, la Justicia comercial activó el salvataje de Correo. Ese proceso fracasó este lunes, derivando en la bancarrota de la compañía.

Para lograr el salvataje, Correo necesitaba que la jueza apruebe los apoyos de los acreedores que aceptaron su última oferta, lo que le permitiría saldar sus deudas. 

El Estado Nacional, entre otros, rechazó la oferta, pero Correo presentó centenares de conformidades de otros acreedores que sí lo apoyaban. Con alcanzar un porcentaje estipulado por ley, podía evitar la quiebra.

Sin embargo, Cirulli afirmó en su fallo: “La deudora no aportó conformidades que cumplan con la exigencia legal”. Uno de los puntos observados por la magistrada fue que “muchas de tales conformidades (de los acreedores) fueron otorgadas en 2007 (hace más de trece años), dentro de un escenario negocial muy diferente al presente”. Eso es contrario a la Ley de Concursos y Quiebras, afirmó Cirulli, ya que Correo debía conseguir los apoyos de sus acreedores en base a la oferta de marzo, no a la de 2007. Ante la consulta de elDiarioAR en abril, voceros de Socma reconocieron que las conformidades databan de 2007 pero que entendían que estaban dentro del marco legal permitido.

La presentación de estas conformidades o apoyos de los acreedores viene siendo denunciado por la fiscal Boquin, quien interviene en el caso desde finales de 2016. Aún así, Correo sostuvo en escritos ante la jueza que los apoyos que presentó para sostener el salvataje son válidos y no habrían caducado. 

Cirulli decidió lo contrario. Avaló las pruebas de que las mayorías obtenidas para el salvataje “no fueron genuinas, por haberse obtenido fraudulentamente” y “que en este concurso se manipularon las mayorías obtenidas” con la ayuda de estudios jurídicos que trabajaban para los Macri y que se convirtieron en apoderados de acreedores originales para lograr los votos a favor de Correo en el salvataje, según la denuncia de Boquin. 

Esa supuesta maniobra se habría realizado en 2007 y por ese motivo, según las sospechas de la fiscal, esos avales no pudieron volver a ratificarse: quienes lo hicieran quedarían complicados penalmente. Además de estos estudios jurídicos denunciados e investigados, el caso del principal acreedor de Correo también fue un factor analizado por la jueza. Se trata del austríaco Meinl Bank.

El Meinl Bank y otras denuncias
En abril, elDiarioAR informó que el Meinl Bank, una entidad multada en Austria y sancionada en Europa por sus vínculos con lavado de dinero y corrupción, acumulaba el 38% de la deuda de Correo y su voto era central para determinar si la compañía de la familia Macri se salvaba o iba a la quiebra. 

Sin embargo, el banco está en proceso de bancarrota desde febrero último -algo que Correo no informó en el expediente- y el aval de este acreedor con el que contaba Correo databa de 2007, por lo que carecía de validez legal. 

Sin ese apoyo, el salvataje iba camino al fracaso seguro. Pero además, el acuerdo contaba con varias supuestas irregularidades que la fiscal Boquin analizó en uno de sus últimos dictámenes: el banco se había convertido en acreedor de Correo en 2006 comprando deudas ajenas y aceptó luego condiciones que sólo beneficiaban a la compañía de los Macri. Por este caso se abrió también una causa penal, tras la denuncia de Boquin.

La jueza Cirulli analizó que si la investigación judicial “arrojara como resultado la ilegitimidad de tal crédito, lo cierto es que mucho más de la mitad del capital computable para la determinación de las mayorías legales habría desaparecido”. También resaltó: “No existe constancia en la causa del acuerdo” entre Correo y el Meinl Bank, “el cual tampoco fue puesto en conocimiento de la interventora actuante cautelarmente, ni del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales dependiente de la Corte Suprema de Justicia”.

Frentes penales
“Por otro lado, existe un elemento que aumenta aún más el margen de duda sobre la operatividad de otras conformidades arrimadas a la causa para integrar las mayorías legales”, afirmó Cirulli.

La jueza citó un caso específico: un abogado que figura como apoderado de personas que apoyaron el salvataje de la compañía y que denunció que nunca cumplió ese rol. Su presentación ante la Justicia disparó una serie de consultas que permitieron a este medio reconstruir la historia detrás de una supuesta estafa.

Ante las denuncias múltiples y una causa penal en curso, la jueza aseguró que considera que ya no es viable esperar los resultados o desenlaces de dichas sospechas acumuladas debido a que “un trámite concursal que viene durando veinte años no admite dilaciones mayores, dentro de un procedimiento de orden público que consumió largamente todas sus etapas; y cualquiera fuere el resultado de las averiguaciones en curso, la solución concursal sería la misma”: la quiebra.

El acuerdo que no fue
Correo Argentino SA explotaba la concesión del servicio postal durante los 90. En 2001, entró en concurso de acreedores, situación que se extendió por casi dos décadas. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $4.000 millones , según el cálculo del Ministerio Público Fiscal. 

En junio de 2016, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo por su deuda. Según estableció la fiscalía de Boquin y los técnicos del Ministerio Público Fiscal, ese acuerdo implicaba una quita del 98,87% a favor de la compañía. Correo hace un cálculo muy diferente. “La propuesta de Correo, el 28 de junio de 2016, planteaba dos escenarios: el monto a pagar quedaba fijado entre los $528.800.216 (lo que equivalía a una quita del 44%) y los $651.321.558 (correspondiente a una quita del 54,5%)”, sostienen los representantes de Correo consultados por este medio.

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