La nota tiene fecha 24 de noviembre, aunque estuvo circulando en diversos grupos de Whatsapp de fiscales y de integrantes del Poder Judicial desde el martes, cuando la información de que el Jurado de Enjuiciamiento había votado casi por unanimidad abrir el proceso contra Goyeneche era una secreto a voces.

En la misiva, los firmantes requirieron a la Asociación que preside la jueza Gabriela López Arango “una reunión con carácter de urgente” dado “el inminente inicio de juicio por ante el Jurado de Enjuiciamiento al titular del Ministerio Público Fiscal (Jorge García) y a una de sus adjuntas”, es decir Goyeneche.

El texto incurre en una inexactitud dado que el Jurado de Enjuiciamiento rechazó el planteo contra García y sólo abrió el procedimiento de jury para la procuradora adjunta. Esa es la información que confirmaron los integrantes del cuerpo, a pesar de que la prensa de Tribunales divulgó un comunicado diciendo que aún no había resolución.

Además, el escrito consigna que el Jurado de Enjuiciamiento “abre su jurisdicción”, es decir acepta someter a un proceso que podría terminar con la destitución de Goyeneche “simultáneamente a que se encuentran sustanciando por ante la justicia ordinaria con sede en Paraná emblemáticas causas promovidas por tales funcionarios que tienen como acusados a un ex gobernador y a un ex ministro de la administración provincial, entre otros, por la probable comisión de  delitos en perjuicio del erario público”.

En rigor de verdad, las audiencias por el denominado Megajuicio contemplan cinco legajos de investigación, algunos de los cuales no fueron promovidas por el Ministerio Público Fiscal sino por abogados del foro local. Dos de ellos, Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto (ambos vinculados históricamente al radicalismo) son también los que hicieron la presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento que puso a Goyeneche en el lugar de acusada.

En la demanda de Mulet y Pagliotto contra la Procuradora se apuntó contra el desempeño de la funcionaria judicial en la denominada causa “Contratos” que motivaron su excusación. Los cargos que esgrimieron los letrados contra Goyeneche nada tienen que ver con las investigaciones que se tratan en el Megajuicio. También se sumó una demanda anterior del abogado Guillermo Reggiardo, autor de la demanda que terminó con la salida de Carlos Chiara Díaz del Superior Tribunal.

Cabe destacar también que la acusación de Mulet y Pagliotto giró,  entre otros ejes, en torno a la mora de la fiscal en investigar las responsabilidades políticas en “Contratos”, dado que hasta ahora sólo se imputó a personas que ocupaban escalones inferiores de responsabilidad, y por haber favorecido supuestamente a uno de los imputados con quien Goyeneche (o según la versión de la procuradora, su marido: Sebastián Orlando Bertozzi) tenía un vínculo comercial.

La carta enviada a López Arango prosiguió indicando que algunos de los firmantes “nos hemos reunido en nuestra asociación el día 23 del corriente en horas del mediodía, intercambiado ideas al respecto y hemos concluido en la necesidad institucional de manifestar nuestras opiniones al respecto, como así también al rol que en este delicado proceso ha tenido la entidad que nuclea a los abogados entrerrianos”.

La disputa entre fiscales y la abogacía surgió luego de que el foro que agrupa a los acusadores públicos saliera también en defensa de García y Goyeneche, lo que motivó una respuesta airada del Colegio.

Gran parte de la estructura judicial de la Provincia mira desde la tribuna esta pelea. Incluso muchos de los firmantes de la nota indicaron ante la consulta de esta Agencia que ni siquiera leyeron el texto y que su adhesión se limitó a un “dedito para arriba” en el chat de Whatsapp. Otros consignaron que dieron el “OK” por una cuestión de “verticalidad y manejo de rebaño” que existe dentro de la Justicia en general y del MPF en particular. Hubo quienes incluso dijeron que su acompañamiento fue una suerte de último gesto hacia la actual conducción de Fiscalía, a la que observan desgastada y resquebrajada hacia el interior por el manejo personalista y actitudes “de soberbia y arrogancia” con la que se manejan García y Goyeneche con sus subordinados, sobre todo los de los departamentos provinciales.

Dentro del listado de firmantes destacan los nombres de Marcela Davite y Marcela Badano. De esta última se conoce un vínculo personal estrecho con el procurador García. Ambas, además, integran la Cámara de Casación Penal de Paraná, que actuará como órgano de alzada de la decisión que tome el Tribunal de Juicio integrado por José María Chemes; Carolina Castagno y Elvio Garzón en el Megajuicio. Ninguno de estos tres puso su nombre en la misiva a la Asociación de la Magistratura.

Es preciso señalar que la decisión de abrir el proceso a la procuradora adjunta fue tomada por una mayoría de seis sobre siete miembros. Los votos favorables habrían sido los de los vocales del Superior Tribunal de Justicia Daniel Carubia; Clauda Mizawak y Martín Carbonell; la representante del Colegio de la Abogacía Sonia Rondoni y los legisladores provinciales Gustavo Zavallo (Diputados) y Armando Gay (Senado).

Esto significa que el vuelco de la votación lo dieron las decisiones de magistrados y abogados. Los votos del sector político sólo incrementaron el número.

La determinación del Jurado de Enjuiciamiento podría acarrear la suspensión en el cargo de Goyeneche, siguiendo el antecedente de lo ocurrido con Sebastián Salem, el destituido juez de Paz de Gualeguay. (APFDigital)