La sociedad entrerriana no sigue las instancias del debate que se sustancia contra el exgobernador Sergio Urribarri y ex funcionarios de sus gestiones y particulares, por presuntos delitos contra la Administración Pública, con el interés que tan importante proceso requeriría. Que la noticia que hegemonizaron en las últimas semanas los medios de todo el país, incluidos los entrerrianos, haya sido, y siga siendo en virtud de los últimos resonantes acontecimientos, el affaire Wanda-Mauro, es una muestra de aquel desinterés. En el mismo sentido, y para no cargar las tintas sobre la mediática pareja, se inscriben las noticias deportivas relacionadas con AFA, Chiqui Tapia, Boca Juniors y River Plate, y las clásicas policiales.

Aquel desinterés tiene consecuencias políticas. Las tiene porque quien está sentado en el banquillo de los acusados es un exgobernador que representó con mucho compromiso un proyecto político que durante 12 años le impuso a la dinámica política una impronta distinta a las que determinaron el devenir nacional en las primeras décadas tras la recuperación de la democracia. No es casualidad que importantes referentes del peronismo-kirchnerista o peronismo a secas, hayan transitado o estén atravesando procesos judiciales similares e instruidos con equivalentes metodología. En este sentido, es importante que los ciudadanos se interesen y sepan qué se ventila en un proceso que además de consecuencias jurídicas, tendrá consecuencias políticas. Y las tendrá porque condiciona el escenario político, más aún cuando se está en medio de un proceso electoral de medio término al que la dinámica política dotó de inusual importancia, tratándose de una elección legislativa de medio término.

Un juicio histórico que sentó en el banquillo a una gestión de gobierno

Transparencia

La transparencia de los actos de gobierno comprende a todos los poderes del Estado. Un expediente licitatorio, un decreto o un contrato de obras o servicios lo son y comprenden a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Un Acuerdo, una sentencia o un debate también lo son y comprenden al Poder Judicial. Por eso sorprendió la inesperada propuesta del presidente del Tribunal de Juicio, José María Chemez, para que, por una pretendida “medida saludable” tendiente a preservar que los testigos que aún no declararon no tengan conocimiento de lo vertido por los testigos que los antecedieron, se dejara de transmitir el debate de cara a la sociedad.

La propuesta sorprendió porque lo que se está tratando de determinar son supuestos actos contra el erario público. Sorprendió porque en el mismo sentido se podría considerar el trabajo de los medios, que vienen informando sobre los pormenores del debate. En este sentido es destacable que la sociedad tiene a su disposición una amplia variedad de abordajes del juicio, cada uno con su impronta, estilo y decisión ética de privilegiar qué es lo importante de lo aleatorio. No obstante estas consideraciones, es vital para la salud de las instituciones, que la sociedad pueda observar por sí misma el trabajo de los funcionarios. Así como son juzgados, en los medios y en los estrados judiciales, los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo, también es saludable poder observar y evaluar los resultados del trabajo de los funcionarios judiciales.

Soplo

Desde la primera afirmación de los fiscales respecto a que iban a demostrar con pruebas los cinco hechos endilgados a los 15 imputados, de los cuales uno falleció y otro, en una medida muy cuestionada por las defensas, será juzgado en otro debate sin que se haya tomado el recaudo de separar los hechos y pruebas que se le imputaron, han pasado más de una decena de testigos cuyos testimonios no se correspondieron con aquella promesa. Hasta el jueves 4 aquella proposición no encontró eco en la prueba documental ni testimonial. Sólo el testimonio de la actual directora de la Dirección Provincial de Vialidad y ex secretaria de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Alicia María Benítez, tal como informó EL DIARIO en su edición del viernes 5, le dio un soplo de vida a la acusación. Benítez, que está imputada en otro proceso vinculado a las obras que se realizaron en el contexto de la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, declaró que Urribarri le manifestó que había que hacer la Cumbre en Paraná porque quería ser elegido candidato, sin que le especificase el cargo. Hasta aquel jueves, la orfandad probatoria era notoria.

¿Rumores?

Los fiscales no sólo tienen que lidiar con la prueba y siete atentos defensores, sino que cargan sobre sus espaldas con los fuertes rumores que indicarían que la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, podría ser pasible de un jury. Fuentes judiciales y legislativas indicaron a EL DIARIO que la balanza que antes se inclinaba por no sentar a la funcionaria en el banquillo de los acusados, ahora habría inclinado el fiel en sentido contrario. En este sentido, los votos dentro del Consejo de la Magistratura para que Goyeneche se defienda de los cargos por mal desempeño de sus funciones habrían trocado de 2-5 a 5-2.

No pocos observadores de la dinámica político-judicial manifestaron que Goyeneche no despliega en el debate la energía que la caracterizó e hizo que llegara a ser la segunda en la Procuración. En este sentido, señalaron que haber negado en una audiencia oral y pública tener una relación económica a través de un fideicomiso inmobiliario con un imputado en la causa conocida como Contratos en la Legislatura, no sólo la debilita a ella, sino que las reverberaciones alcanzan al organismo en general. El dato que le da contexto a aquella situación es que Goyeneche negó a viva voz la relación delante de la jueza Carolina Castagno, que integra el tribunal que juzga los hechos ventilados en esta audiencia.

Voluntad

La voluntad de llevar adelante el debate en medio de la pandemia por el Covid 19 fue motivo de intensas argumentaciones, tanto en los estrados judiciales como en los medios. Esta complejidad se sumó a las señaladas respecto del contexto político. En la previa al debate y en el mismo juicio se debatió sobre la conveniencia de concretarlo, incluso observando las recomendaciones del área de Salud Ocupacional del Poder Judicial. Las defensas aludieron una supuesta vulneración del derecho de defensa ante la imposibilidad de tener una fluida comunicación con sus representados. Fiscalía sostuvo que no se afectaba aquel derecho y le confirieron a la solicitud un ulterior fin dilatorio. En rigor de verdad, el debate se postergó en cuatro oportunidades.

El Tribunal, que preside Chemez, resolvió hacer lugar al pedido de los Fiscales. Un desagregado. De diez objeciones que se formulan durante el debate, el Tribunal resuelve ocho de acuerdo a la solicitud de los fiscales. En aquel contexto de discusión de las condiciones de realización del juicio, la propuesta de sugerir suspender la trasmisión por el canal de YouTube del STJ generó una contradicción con la aplicación de las medidas de seguridad. Las partes debatieron arduamente sobre el aforo en una sala que no tiene las condiciones de ventilación necesarias. Por esto, la propuesta de permitir el ingreso de la prensa al Palacio de Tribunales, cerrado para quien no tuviera que ver con un proceso o trámite, sonó contradictoria. Más aún en el contexto de una firme demanda de los abogados que ejercen la profesión liberal para que se abriera el Palacio de Tribunales.

Relaciones peligrosas

Si bien la orfandad probatoria, por lo menos a esta altura del juicio, es innegable, la acusación tendría un punto sobre el que sostener su hipótesis. Se trata de la relación familiar que une a Urribarri con el imputado Juan Pablo Aguilera. La acusación, como en la causa que sentó en el banquillo de los acusados al ex intendente de Crespo, Ariel Robles, y dos funcionarios de su gestión, que terminaron absueltos por unanimidad en una insólita causa en la que se criminalizó la asistencia social, ha demostrado un desinterés por entender los caminos por los que transita la política y las relaciones que la sostienen. Así, éstas son sospechosas por su propia naturaleza.

Aquella naturalización de las sospechas sobre las relaciones familiares en el ámbito de lo político, sea legislativo o ejecutivo, parecería que no comprende a los funcionarios judiciales. Mucho se habla de la Familia Judicial. Esta pieza sería limitada si se quiere dar cuenta de aquellas relaciones. No obstante algunas, vinculadas con tan trascendente debate, ayudarían a comprender por qué en algunos casos son “sospechosas” y en otros no. Chemez es pareja de la hermana de una vocal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, nada menos que la última instancia de revisión de las decisiones de Tribunales inferiores, previa a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. El bioingeniero y perito que declarará la semana entrante respecto de prueba informática, Guillermo Fritz, habría ingresado al Poder Judicial por la relación de amistad que uniría a su pareja con la procuradora general adjunta. Nada indicaría que los mencionados en estas dos relaciones no cumplirían con los deberes que las normas les imponen. Sin embargo, no recaen sobre sus actos ninguna “sospecha”. Esta naturalización de las relaciones familiares y sociales debería ser pareja para todos. Allí se empezaría a transitar el camino hacia instituciones que cumplan con el objetivo para el que fueron creadas.

Fuente: El Diario