Noelia Almada fue asesinada en Victoria el pasado lunes 15 de marzo. Su expareja, Claudio Paeras , de 40 años, atravesó los escasos metros que separaban ambas viviendas, cruzó la  calle para increpar a Noelia y reclamarle por la restricción perimetral dispuesta por el Juzgado de Familia de Victoria, y allí la mato.

No necesitó demasiado esfuerzo: solo dar unos pasos para asesinar a la mujer que lo había denunciado por violencia de género. La medida de restricción perimetral dispuesta no advirtió de esa proximidad entre víctima y victimario. Desde el Juzgado de Familia y desde la Policía no han dado respuestas suficientes que justifiquen la inacción, por eso las organizaciones feministas reclaman la renuncia de funcionarias y funcionarios que debían garantizar la integridad de Noelia.

El fiscal Eduardo Guaita aseguró que en Victoria no se cuenta con los recursos materiales ni humanos para dar respuesta a todas las personas que denuncian situaciones de violencia y confirmó que quien denuncia la violación de una medida de protección es la propia víctima. “A veces, los recursos materiales y humanos no son suficientes como para tomar medidas de protección activas para con todas las personas que denuncian ser víctima de alguna violencia», dijo al programa Dar la nota de LT14 Radio Nacional Paraná.

La indignación y la bronca surgieron a pocas horas de conocerse el hecho porque Noelia Almada, al igual que Fátima Acevedo, Romina Roda en nuestra provincia o Ursula Bahillo en Rojas provincia de Buenos Aires, tenían denuncias previas y eso no logró conseguir las medidas de protección que garantizaran la integralidad de sus vidas  y  evitar que las mataran.

El jefe de la Policía de Victoria, Omar Regondi, se refirió al caso y señaló que había “denuncias cruzadas” en referencia a que Paeras reclamaba por la vivienda que, según decía, era de su propiedad; mientras,  Noelia reclamaba por su vida. Incluso la propia fiscal, Flavia Villanueva, se refirió al tema buscando deslindar las responsabilidades. Tras ser tratada de “corrupta” por vecinas y vecinos indignados con el feminicidio, la fiscal Villanueva negó haber actuado en cinco denuncias de Noelia Almada contra su agresor. “No soy una inoperante que si tengo cinco denuncias de una víctima no voy a hacer nada”, afirmó. Según explicó las denuncias anteriores se habían realizado ante el Juzgado de Familia y mencionó que la causal de la disputa que mantenían es que “la relación de pareja estaba rota, pero ninguno de los dos quería dejar el hogar”. Por eso se dispuso una restricción perimetral para Paeres, y una reinserción al hogar para Noelia el día 11 de marzo.

Villanueva dijo en una entrevista en LT39 que tomó intervención en el caso cuando ingresó una denuncia de Noelia en la comisaría, el pasado 10 de marzo, por lo que empezó a trabajar en contacto con el Juzgado de Familia y se ordenó la exclusión del hogar y una restricción de acercamiento para Claudio Andrés Paeras. Sin embargo, mencionó que el viernes 12, ambas personas se presentaron juntas en la comisaría queriendo levantar la denuncia pero se les explicó que eso no era posible.

Las denuncias realizadas, además de mostrar el orden o criterio de importancia que  funcionarios policiales y judiciales le otorgan a una denuncia contra un bien material, como puede ser una casa, y a una denuncia contra la integridad física de una persona, pone además en relieve el desconocimiento de la complejidad que revisten los círculos de la violencia, en donde las mujeres que venciendo miles de obstáculos, logran denunciar, pero vuelven a ser violentadas por sus victimarios -sobre todo por exparejas- con amenazas hacia sus hijos, hacia sí mismas, con distintas formas y estrategias de hostigamiento para que levanten las denuncias. Pero son las propias instituciones que desconociendo esta trama de violencia; también las juzgan por esto.

El tema ha sido advertido en reiteradas oportunidades por las organizaciones feministas. Es lo que se puede sintetizar en la falta de perspectiva de género por parte s del  Poder Judicial y también de la Policía.

En Victoria, la Asamblea de Mujeres y las disidencias se movilizaron y presentaron una proclama exigiendo la renuncia de las y los funcionarios que debían intervenir ante las denuncias efectuadas por Noelia.

Diana Campos, artista y docente de Victoria, dijo que el lunes 15 hubo una movilización de la comunidad frente a la Municipalidad “en reclamo de políticas públicas en relación al cuidado y las violencias”, y agregó que luego se movilizaron frente al Juzgado y frente a la Policía para pedir justicia.

“Venimos reclamando que se realice la Casa de las Mujeres. Hay un presupuesto aprobado y un crédito que tomó la Municipalidad para ese fin, pero hasta el momento no hay respuestas”, dijo Campos quien además pidió que “se aplique la Ley Micaela”.

Los reclamos quedaron plasmados en una proclama, donde Campos explicó se exige “la renuncia de los representantes del Estado que estaban en conocimiento y que con su accionar la dejaron morir, consideramos que el Estado es el feminicida”, aseveró. En ese sentido, cuestionó a la fiscal y a quienes toman las denuncias, por la falta de consideración hacia las violencias de género.

Los fiscales Flavia Villanueva y Eduardo Guaita  ahora pidieron una serie de medidas, entre ellas la extracción de sangre del feminicida para realizar distintas pericias y también ordenaron que el cuerpo de Noelia fuera trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde, así como pericias sobre los teléfonos celulares.

Guaita se refirió a la medida de restricción dispuesta por el Juzgado de Victoria, de excluir del hogar a Paeres por el término de 90 días. El fiscal señaló que quien controla el cumplimiento de esta medida es la Policía o la propia víctima. “Cuando hay un incumplimiento de una medida de restricción, lo que sucede normalmente es que la víctima informa, denuncia o comunica de alguna forma, la situación a las autoridades”, afirmó Guaita en la entrevista que le realizara Radio Nacional Paraná, confirmando que es la propia víctima la que se tiene que hacer cargo de su autocuidado.

También  al ser consultado por la disponibilidad de tobilleras electrónicas o distintas formas de custodia a quien está sindicado por un acto de violencia, Guaita sostuvo que son temas difíciles y dio cuenta que en Victoria se producen un caso y medio por día–de promedio- de denuncias por situaciones de violencia de género. “Si a cada persona se le impone una custodia policial, los recursos humanos son limitados” concluyó para advertir también que en el caso de las tobilleras electrónicas –que tienen un dispositivo dual que avisa de manera inmediata al Juzgado y a la Policía de la violación de una medida de restricción- “hay una cantidad de tobilleras específicas y normalmente son entregadas dentro de las medidas de coerción como sustitución de una prisión preventiva o una prisión domiciliaria, aunque se puede mejorar” dijo para puntualizar que “a veces los recursos materiales y humanos no son suficientes para tomar medidas de protección activas para con todas las personas que denuncian alguna violencia”.

Al ser consultado si en Victoria tienen tobilleras para ser utilizadas en casos de violencia de género, Guaita indicó que las tobilleras están en la provincia y hay que pedirlas a las autoridades provinciales y generalmente son para casos de causas penales cuando se disponen prisiones domiciliarias. “En el caso de violencia de género, en el Juzgado de Familia, no tengo conocimiento que hayan utilizado tobilleras en algún momento”, finalizó.