En el marco del 30 aniversario del Mercosur y bajo la presidencia Pro Tempore de la Argentina, este jueves se realizó de manera virtual el Foro Políticas Sociales del Mercosur con el tema Vulnerabilidades en las zonas de frontera, en el cual también participó la vicepresidenta del Copnaf, Alejandra Ramírez, junto a autoridades de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y del gobierno argentino y representantes del gobierno central y de Estados fronterizos de Brasil, Uruguay y Paraguay.

La apertura del Foro estuvo a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá; el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo; y el director Ejecutivo del Instituto Social del Mercosur, Juan Miguel González Bibolini.

El canciller Solá señaló que la “pandemia generó muchos inconvenientes, principalmente en las zonas de frontera, en el traslado de personas, e implicó un trabajo serio y crítico, complejo, la gente estaba ansiosa y hubo reclamos, pero trabajamos para solucionar los problemas”.

Por su parte el ministro Arroyo afirmó que “estos encuentros nos tienen que ayudar a construir nuevos paradigmas para la pospandemia, que nos permitan construir nuevas políticas públicas. Tenemos que ser disruptivos y construir políticas públicas y modelos de intervención diferentes con los ejes puestos en el trabajo, el desarrollo social y la movilidad social ascendente”.

En el primer panel se dialogó en torno al tema Integración ciudadana; el segundo, denominado Protección social de infancia, adolescencia y juventudes contó con la exposición del presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Gabriel Leconte; y en el tercero, Sistemas de salud en frontera e intercambio de información epidemiológica, disertó el secretario de Políticas Públicas y Bienestar del Ministerio de Salud, Guillermo Zanuttini.

El presidente del Copnaf habló sobre “el cambio de paradigma que se produjo a partir de la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño a nuestra Constitución y la sanción de la Ley nacional 26.061 y la Ley provincial 9.861 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen los lineamientos claves para la conformación del sistema de protección integral, y los criterios para el diseño e implementación de las políticas públicas universales de niñez, permitiendo incorporar la perspectiva de derechos en la atención y asistencia de los niños y sus familias, desjudicializar los problemas sociales, profundizar el diseño, la planificación y la ejecución de políticas públicas, otorgar sustentabilidad al proceso de descentralización de recursos y transversalización de programas”.

En ese sentido, Leconte destacó: “Ese nuevo bloque normativo promueve la gestión asociada y corresponsable entre el Estado nacional, provincial y municipal, como así también del ámbito privado, como es el caso de las asociaciones civiles y ONGs, para lo cual el Copnaf ha emprendido un exitoso proceso de descentralización del organismo, privilegiando la inmediatez en la atención de las situaciones de vulnerabilidad detectada, teniendo como mayor premisa adaptar las líneas de política de niñez diseñadas desde el organismo central a las particularidades de cada uno de los departamentos que componen la provincia”.

Por su parte, el secretario de Políticas Públicas y Bienestar del Ministerio de Salud planteó el “contexto de desigualdades en que se encuentra esta región del cono sur, que constituye un eje de discusión y de desafío para todos los gobiernos locales, provinciales y las distintas jurisdicciones”. En ese sentido, dijo, “las políticas públicas integrales que se desarrollaron desde el gobierno de la provincia, tuvieron eje en la creación y el fortalecimiento de los Consejos de Organización de la Emergencia Sanitaria locales, que son espacios que complementaban las tareas del Ejecutivo y Legislativo, tomando decisiones coyunturales para monitorear la movilidad social y cómo, de alguna manera, la comunidad a través de sus organizaciones e instituciones, podría contribuir para la organización de la respuesta sanitaria”.

Zanuttini destacó que “el flujo económico, social, productivo, cultural, educativo, de recursos humanos, de trabajo, a través de los pasos fronterizos de Concordia, Colón y Gualeguaychú, presentaban un desafío para trabajar en la construcción de sistemas de información epidemiológicos, comunes y particulares, a esas zonas que comparten, de alguna manera, como nicho ecológico, una epidemiología común”.

Consideró que “para esas comunidades, separadas por el río, pero comunicadas por vía terrestre a través de los puentes, se debía pensar la vigilancia epidemiológica de distintas enfermedades prevalentes y endémicas y poder establecer protocolos y acciones en conjunto a los dos lados de la frontera, con el sentido de mejorar la integración, construyendo indicadores en común”.

Como resultado de los paneles y el debate se espera elaborar un documento de conclusiones que permita favorecer un diagnóstico común para avanzar en aspectos de la integración ciudadana en zonas de frontera; realizar recomendaciones a los órganos competentes para el diseño de políticas públicas de planificación, coordinación y articulación en temas de frontera e identificar nuevas iniciativas y proyectos para desarrollar en forma conjunta en el ámbito fronterizo.