El juez del Trabajo N° 3 de Paraná, José Reviriego, resolvió “hacer lugar la medida cautelar requerida por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), disponiendo la exclusión de la tutela sindical a los fines de autorizar el cambio de lugar de trabajo de V.A.B., a otra dependencia del Copnaf en Paraná, de acuerdo a los considerandos de la presente resolución y teniendo presente al respecto las medidas adoptadas por la jueza de Garantías”.

La medida se adoptó el 20 de agosto de 2021 en los autos «Copnaf c/ VAB s/ Exclusión de tutela sindical», ante una presentación de los representantes legales del organismo, José Zapata y Martha Caballero, quienes “promovieron acción de Exclusión de tutela sindical” contra la promotora de Derechos en una residencia socioeducativa para mujeres de Paraná, que es delegada gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Desde el organismo de minoridad se señaló que la “intención de la autoridad de nombramiento (es) disponer la modificación del lugar de trabajo de la nombrada mientras tramite el sumario administrativo a fin de evitar el contacto con las jóvenes alojadas en la Residencia y facilitar la investigación”.

Legajo

En la resolución, Reviriego consideró la resolución de la jueza de Garantías Nº 6 de Paraná, Paola Firpo, en otra causa que se sustancia contra la sospechosa por el presunto delito de Abuso sexual en perjuicio de una niña tutelada en la residencia. Las actuaciones comenzaron a sustanciarse en el Legajo «Mendoza María Laura, Defensora Penal de Niños y Adolescentes Nº 2 s/ Su denuncia». Firpo le impuso a la delegada, medidas de restricción preventivas por el plazo de 90 días a partir de la recepción de la notificación.

Graves

Desde el organismo manifestaron que “pesa sobre la accionada la imputación de graves hechos que configuran ‘prima facie’ faltas administrativas, por las que la autoridad ha dictado el acto administrativo que dispone la instrucción de sumario administrativo… y oportunamente lo hará respecto de la modificación del lugar de prestación de servicios hasta tanto se resuelva. Los hechos que motivan la referida imputación a la agente y que justifican la promoción de la presente acción, tramitan en el Expediente administrativo…, iniciado mediante denuncia formulada el 8 de marzo de 2021”, por las tres promotoras de Derecho que prestan funciones en la residencia Socioeducativa de marras. La denuncia, según se consignó en la resolución de Reviriego, se realizó en presencia de la Subdirectora de Entidades Privadas, licenciada María Dolores Balcaza, y se labró un acta.

Fines

El Copnaf alegó que “…solicitaron la excusión a los fines de emitir el acto administrativo que disponga la modificación transitoria del lugar de prestación de servicios de la nombrada, en otra dependencia del Copnaf en Paraná, mientras tramite el sumario administrativo incoado en su contra…, por resultar dicha medida imprescindible para el esclarecimiento de los hechos a investigarse siendo además, inconveniente a dichos fines, la permanencia de la nombrada en la dependencia en la que presta servicios actualmente, todo ello conforme las facultades previstas en el artículo 75 de la Ley 9.755”.

Asimismo, el organismo solicitó “la exclusión de la tutela sindical para el caso de que, como consecuencia del sumario administrativo incoado a la nombrada deba aplicarse sanción de cesantía”. Sostuvieron que “la demandada detentó un cargo de delegada gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la mencionada residencia Socioeducativa, con mandato hasta el 3 de octubre de 2020”, que le fue prorrogado por 180 días.

Detalle

Del detalle “pormenorizadamente los hechos, circunstancias y personas que efectuaron las denuncias” que luego se “indicaron como incumplimientos numerados del 1) al 9), sosteniendo que la investigación de los hechos que dispondrá la autoridad de nombramiento, tendrá lugar mediante la instrucción de un sumario administrativo en el que se determinarán las circunstancias en que se desenvolvió la conducta de la agente VAB, permitiéndole a la misma ejercer su derecho de defensa y si le cabe reproche administrativo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 22 del Decreto 2/70 SGG y modificatorias”.

Defensa

La sospechosa, con el patrocinio de Raúl Muñoz, “negó hechos invocados y reconoció que reviste en la planta permanente desde 2016, desempeñando funciones como Promotora de Derechos en la Residencia Socioeducativa de Paraná”. En relación a los hechos que se le atribuyen, “los negó rotundamente en su veracidad y alegó que se trata de un injusto agravio y en un acto de discriminación antisindical”. También dio cuenta de “su desempeño gremial y cuestionó las manifestaciones de las promotoras de derechos”.

VAB “rechazó la medida cautelar pretendida, por coincidir con la pretensión principal, lo que implicaría un adelanto de sentencia. Argumentó al respecto y afirmó que debe existir una fuerte probabilidad y un perjuicio difícilmente reversible, condiciones que sostuvo no se dan en autos”.

En este punto, Reviriego consideró que “apreciando las cuestiones, en esta instancia preliminar y al solo efecto de resolver la pretensión cautelar (sin ingresar a cuestiones que excedan ello y que involucren la decisión que en definitiva se adoptará), compruebo que las manifestaciones de la demandada involucran hechos de extrema gravedad y que no se han traducido únicamente en ‘difamaciones’ al honor o buen nombre de la demandada (como se sostiene en la respuesta al traslado), sino que han sido cuestiones formalizadas a través de la instrucción de sumarios administrativos, donde se investigan los mismos”.

También evaluó que “la propia solicitud de la demandada de ser relevada de sus funciones como Promotora de Derechos, así postulado por la misma, en los siguientes términos: ‘Por una parte, la tan mentada situación de ‘urgencia’ no existe toda vez debo informar a VS que una vez notificada de la apertura del sumario dispuesto por la resoluciones del Copnaf, en abril de 2021 solicité de manera inmediata a la Directora de la Residencia se sirva relevarme de mis funciones como promotora de derechos en la residencia, por lo violento que resultaba hacia mi persona continuar a cargo de las menores que habían supuestamente denunciado ser objeto de malos tratos, peticionando se me afecte a otras tareas, por ejemplo administrativas, pero dentro de la misma residencia lo cual es perfectamente viable».

El juez opinó: “Es decir, sin admitirlo ni prestar consentimiento, reconoce la gravedad de los hechos que se le atribuyen y la necesaria separación -temporaria, mientras dure la investigación- del contacto con las menores que la habrían denunciado”.

Qué es la exclusión

Feliz Olmos, Doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos. Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, en un extenso artículo que se publicó en octubre de 2018 en el sitio aldiaargentina.microjuris.com con el titulo “La exclusión de la tutela sindical”, sostuvo que “la exclusión de la tutela sindical consiste en una autorización judicial previa que debe requerir el empleador a fin de ejercer las facultades legales de organización, dirección, control disciplinario y ‘ius variandi’ (N de la R: derecho de modificar) respecto de aquellos trabajadores que cumplen funciones de carácter gremial”.

También manifestó que “constituye una restricción al empleador al derecho de dirección, poder disciplinario y de rescisión. La promoción del referido proceso no importa la automática privación de prestar servicios al delegado, y mucho menos, de ejercer sus atribuciones gremiales durante el desenvolvimiento del trámite ante la justicia”.

Fuente: El Diario