La Cámara de Diputadxs debería tratar el miércoles próximo la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que alcanzó la media sanción en el Senado, una carrera contra el 23 de noviembre, fecha en que caduca la protección que evita los desalojos compulsivos en todo el país. La iniciativa, un proyecto de la senadora por Salta del Frente de Todxs, Nora Giménez, suspende los desalojos hasta 2025, cuando se estima que culmine el relevamiento de los territorios. “Estos son tiempos de reflexionar y de intencionar para que salga la prórroga de la Ley 26.160. Ya tenemos la aprobación en el Senado, ahora vamos para que salga en Diputados y con una solución definitiva para nuestros pueblos, para su relevamiento y para la solución del tema de las tierras”, declararon las lideresas del Consejo Indígena del Tahuantinsuyo, durante el debate. “Son nuestras tierras sagradas, nuestra tierra comunitaria. Es la vida misma. Protejamos la Pachamama para seguir creciendo y evolucionando como pueblo, como país.”

Giménez se reunió esta semana con la diputada nacional Verónica Caliva (FdT), convencional constituyente de Salta -que también está dando pelea en su territorio para introducir en la nueva Constitución la perspectiva de géneros y los derechos de los pueblos ancestrales de acceso a la tierra y al agua potable-, para coordinar el impulso del proyecto en la Cámara Baja, donde está previsto girarlo a tres comisiones, una de ellas de Población y Desarrollo, de la que Caliva es secretaria. La senadora Giménez ya había declarado su norte en cuenta de Twitter: “En mi defensa de la Prórroga de Emergencia Territorial Indígena en el Senado, rescaté la cosmovisión de los pueblos originarios ante los desafíos que nos toca vivir como sociedad”.


Una de las más celebrantes de la media sanción, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, recela sin embargo que se dilate el tratamiento en Diputadxs, una acción que precipitaría los desalojos compulsivos en todo el país. “Además, esta avanzada de un discurso racista se va a profundizar si se demora mucho el tratamiento. Entendemos que tiene que ser lo antes posible para que los diputados puedan acompañar a sus comunidades de cada provincia y dar tranquilidad a las familias, porque si la ley no se prorroga, empiezan los desalojos”, advirtió en una entrevista de Adriana Meyer para este diario.

Sin una norma de cobertura que los suspenda durante los próximos tres años, los despojos territoriales serían masivos, “y eso va a alterar la paz social en forma considerable”, lamentó Odarda, que en un escenario extremo vislumbra la caída inevitable de los convenios firmados con Neuquén, Jujuy, Salta, Misiones, Chaco, Santa Fe y San Juan para el relevamiento catastral de las comunidades, y además se perderían negociaciones avanzadas con Chubut, Santiago del Estero y Catamarca.

“Les decimos no a los desalojos masivos de comunidades de pueblos originarios. Queremos que designen un presupuesto para que se releven todos los territorios. La Ley 26.160 es una herramienta de paz social para evitar los avasallamientos y las expulsiones sistemáticas”, manifestó la referenta Leticia Luna, de la Comunidad Indígena Vilela el Tunal, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). “En nuestro territorio las comunidades indígenas campesinas producimos nuestra propia alimentación sana, ecológica, y también resguardamos los bosques, el oxígeno”, dijo, enhebrando la construcción de su Movimiento para cambiar el mundo. “Aquí, donde las familias somos las que aportamos en el trabajo, en esta lucha por soberanía alimentaria, por reforma agraria.”