Esta semana, la polémica por expresiones del diputado nacional de Juntos por el Cambio y ahora precandidato a ocupar nuevamente esa banca por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernando Iglesias, ocuparon gran parte de la agenda mediática y de las redes sociales a nivel nacional. Sus comentarios misóginos hacia mujeres que aparecían en la lista de personas que visitaron al presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos se centraron en la actriz Florencia Peña, la cual fue víctima de todo tipo de expresiones en ese mismo sentido en las redes sociales. No contento con eso, el legislador se paseó por cada programa que quiso escucharlo reiterando y profundizando sus expresiones.

Exponentes de la misma fuerza política del legislador respaldaron sus dichos escudándose en el “humor” o hablando de una “policía del lenguaje”, para relativizar la violencia de género mediática, simbólica, política y psicológica que promovieron esas palabras. Diputadas del Frente de Todos, por su parte, iniciaron una solicitud frente al congreso para que se le aplique una “medida de corrección disciplinaria en virtud a lo establecido en el Artículo 66 de la Constitución Nacional”.

“Machito” frente a la justicia

En nuestra provincia, se realizó un nueva audiencia referida a la posibilidad de que el ex diputado del Partido Justicialista y dirigente gremial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Allende, cuente con la posibilidad de un juicio abreviado por diferentes causas que debe enfrentar en la justicia entrerriana. Una de ellas es la denuncia por violencia de género ejercida contra la ministra de Salud, Sonia Velázquez, la cual fue realizada en octubre de 2018, cuando quien se autodenomina a sí mismo “machito” era todavía legislador provincial. 

Escuchar lo relatado por las y los diferentes testigos y por la propia ministra, argumentos que esgrimió el juez Elvio Garzón en la audiencia para expresar su desacuerdo con la calificación del caso, solo da cuenta de que lo ocurrido en octubre de 2018 fue la gota que rebasó el vaso. Por aquel entonces, los repudios al comportamiento del dirigente gremial se hicieron oír desde diferentes sectores, pero no hubo sanción disciplinaria alguna, ni desde la Cámara de Diputados provincial, que aún integraba; del Partido Justicialista, mediante el cuál había llegado a su banca; o desde la entidad gremial que aún integra.

En la vereda de enfrente

En otro orden de cosas, la edil por el Partido Justicialista de Colonia Avellaneda, Angélica Altamirano, se sumó por estos días a las filas de Rogelio Frigerio de la mano de Juan Domingo Zacarías. Más allá del análisis político que pueda realizarse sobre esta determinación, la concejala fundamenta entre las razones de su decisión que fue “castigada y violentada institucional y políticamente”, y que en el justicialismo “no fue cuidada ni valorada”.

“Me pongo en la vereda de enfrente y les doy con un fusil”, así dice Altamirano que le contestó el intendente cuando esbozó la idea de abrir un comedor para darle de comer a personas que la estaban pasando mal con la pandemia. También explicó, en declaraciones a Radio La Voz, que fue expulsada del bloque justicialista por pedir informes y no ser lineal a todo lo que se le pedía, y que su posicionamiento político acarreó como consecuencia el despido de su esposo del lugar donde trabajaba, así como “amenazas berretas”.

Las voces que no fueron escuchadas 

También esta semana, vecinos y vecinas de El Pingo se movilizaron para pedir justicia por Dana Palacios, una joven de 15 años que decidió terminar con su vida luego de haber denunciado que era víctima de abuso por parte de su padrastro. La hermanastra de la joven, e hija del hombre acusado, que aún está en libertad, fue quien la acompañó a realizar la denuncia. 

Por último, este viernes se conoció el fallecimiento de Verónica Lescano, la joven paranaense que se encontraba internada en grave estado debido a las quemaduras que sufriera luego de que se incendiara su precaria vivienda. Sus tres hijas y un bebé, también hijo suyo, debieron ser internados con graves consecuencias pero recientemente recibieron el alta médica. Como ya lo mencioné en una nota anterior, la mujer había denunciado amenazas y hostigamiento por parte de sus ex parejas, tanto en la justicia como en las redes sociales. 

La humillación de ser

Mediante este recorrido por noticias que parecen inconexas, podemos dar cuenta de que la violencia hacia las mujeres o las identidades femineizadas no distingue rango, edad o filiación política. Otra coincidencia es que todas las protagonistas de estas noticias, sin distingos, tuvieron miedo, pero aún así, de la forma que pudieron, denunciaron. 

En los primeros casos se trata de mujeres públicas con posicionamientos políticos, a quienes no se les perdona opinar, ejercer su cargo o interpelar a su propio partido. Valga como ejemplo la violencia sufrida en su momento por la entonces viceintendenta Josefina Etienot por parte de funcionarios del gobierno de Sergio Varisco. En los dos últimos casos, se trata de dos jóvenes mujeres en situaciones mucho más vulnerables, que pidieron auxilio y no fueron escuchadas, culminando sus vidas de forma trágica y sin respuestas. 

En una nota para Filo News, Paula Giménez advierte que “ser una feminidad es, de por sí, humillante” y que “el problema no es sólo femenino, es de todo lo que no es un macho”. Por otra parte, intenta una mirada diferente sobre el tema en el que Florencia Peña fue protagonista, diciendo que el hecho de “darle placer a otra persona, sea quien fuere" sea visto "como algo malo, tiene mucho que ver con la humillación y las violencias que vivimos las feminidades por ser quienes somos”. 

Sujetas políticas

Florencia Peña se dice a sí misma “como te va a pasar esto a vos, que sos una mina fuerte” y se responde “también soy una mujer que vive en un contexto donde recibimos muchas piñas. Me duele que seamos disciplinadas desde nuestra sexualidad”. En su carta pública de 2018, Sonia Velázquez afirma: “Hay una deuda interna y voces silenciadas esperando que quienes ocupamos lugares de decisión (en forma transitoria) hagamos honor al mismo”. La idea de resolver sus diferencias al interior de su partido, no fue para Angelica Altamirano una opción, ya que según relata se le dijo: “o apoyas en todo o te vas a la vereda de enfrente”. Y eso hizo.

Podríamos analizar también la intencionalidad de las relevancias dadas por los medios de difusión a estas temáticas en medio de una campaña electoral, pero no abonará nada al hecho de que la violencia sobre las mujeres que deciden protagonizar la esfera pública desde el plano político es real y existe. Vale aquí agregar como ejemplo el spot publicitario de Florencio Randazzo, cuyo único objetivo es atacar a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández. Las etiquetas más diversas, que no hace falta reiterar en este escrito y que no tienen nada que ver con el accionar político de las mujeres, son utilizadas todo el tiempo para descalificar nuestras opiniones, nuestras acciones, nuestra militancia. 

Creo que es necesario reflexionar sobre las prácticas que construyen y abonan a esta cultura misógina al interior de las organizaciones gremiales y partidos políticos. Un trabajo de investigación realizado por Tania Rodríguez, da cuenta de las mismas en gremios y sindicatos. ¿Cuántas funcionarias, legisladoras, intendentas, juezas o mujeres en cargos políticos son respetadas? ¿Cuántas han podido denunciar cuando son víctimas de violencia y cuántas han renunciado en silencio? Y cuando denuncian, ¿encuentran una escucha activa y el apoyo necesario para sobrellevar esa situación? 

Cuando el hilo se corta por lo más delgado

En la manifestación realizada en El Pingo, la hermanastra de Dana, la primera persona que le creyó y la acompañó a denunciar, informó que en esa localidad no se pueden hacer denuncias de abuso, que desde allí informan mediante correo electrónico, pero la denuncia se toma en Paraná. Este tema del acceso a la justica es uno de los puntos planteados en la Reforma Judicial Feminista, que ya abordé un una nota anterior

Pero hay aquí otro factor importante que la misma chica señala: “Creo que ella se murió pensando en que no le iban a creer y es lo que más me duele”. Esto sí es responsabilidad de todos y todas, creerle a las víctimas, pero generalmente somos las mujeres las que lo hacemos. La tía de Dana lo comprende ahora y pide que les “crean si un chico dice que fue abusado, porque eso le dará fuerza para sentirse protegido”. Sol, la hermanastra, fue contundente, aún cuando el agresor fuera su padre: “no importa que sea mi papá, eso no se le hace a una criatura, ni a nadie. Soy mamá, soy hermana, soy hija. Pero soy mujer y eso no se hace, a nadie".

También Verónica Lescano reclamaba una justicia que la escuchara y un Estado que la protegiera, preguntándose si estaban esperando que fuera “otra Fátima” para darle entidad a sus palabras. Según lo que se conoce de las pericias no se puede hablar de femicidio en este caso, pero la realidad es que fue su situación de vulnerabilidad la que produjo el accidentado desenlace y que ella ya no está para contarlo. Vuelve entonces la necesidad de reiterar la importancia de implementar la Ley Micaela en todos los ámbitos del Estado. La pregunta es ¿Cuántas veces más habrá que decir que es necesaria la perspectiva de género, en los medios de comunicación, en los ámbitos políticos, en todos los estamentos del Estado? 

Una invitación

Es necesario entonces que existan coberturas periodísticas responsables, con perspectiva de derechos y no victimizantes o estigmatizantes. Hacen falta más espacios libres de violencias y prejuicios, donde se pueda ejercer el derecho a opinar o vivir libremente la sexualidad sin ser ninguneadas o agredidas. Es necesario para la construcción de un país más democrático, y no solo por los derechos individuales. Las agresiones ya no son válidas ni en el plano del humor y no es censura solicitar que se nos trate con respeto, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos y la violencia de género viola la ley 26.485.

Desde el lugar que me toca, elijo intentar una comunicación más responsable, que invite a reflexionar más que a acusar, que facilite el debate y no el amarillismo, que intente visibilizar las problemáticas que otres no quieren o no pueden ver. Les invito a hacer lo propio, porque los derechos humanos no pueden depender del juez que te toque en suerte, o de la voluntad de una hermana que te crea, es una responsabilidad indelegable del Estado, pero también un deber de todes.