En el proyecto presentado, Cerruti sostiene que Iglesias "violentó simbólica, política y psicológicamente a las actrices mediante un mecanismo típico de violencia de género hacia las mujeres consistente en menoscabar su autonomía, anulando su condición de sujetas políticas a través de un doble ejercicio de cosificación y de sexualización de sus actos basándose en el único hecho de ser mujeres".

"Una cosa es tu vida privada, pero la residencia presidencial es la residencia presidencial. Me permito decir que estos escándalos sexuales ha habido con Juan Domingo Perón, Carlos Saúl Menem y ahora Alberto Fernández", dijo el diputado del PRO en un programa de televisión.

El proyecto que busca una sanción a Iglesias está firmado por Cerruti, Mónica Macha, Laura Russo, Hilda Aguirre, Mara Brawer, Ayelén Spósito, Patricia Mounier, Claudia Ormaechea, María Rosa Martínez, María Jimena López, Mabel Caparrós, Gisela Marziotta, Gabriela Estévez, Victoria Rosso y Paola Vessvessian.

Allí se consigna que "los dichos misóginos, anclados en una escencialización y estereotipación negativas basadas en el género, se encuentran alcanzados y tipificados por la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres".

Y agrega: "Estos actos, especialmente proviniendo de un integrante de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, resultan un hecho de gravedad institucional y democrática, y de un insulto no solo orientado a las personas, sino también a las garantías y principios necesarios para salvaguardar las discusiones democráticas".

Entre sus fundamentos, las legisladores consideran que la palabras de Iglesias en la televisión y varios mensajes que el diputado publicó en su cuenta de Twitter, "no hacen más que retroceder en los derechos que, como mujeres y ciudadanas plenas, hemos alcanzado".

"Además, menoscaba el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos y ciudadanos, a la vez que infunde odio en la ciudadanía e incita a la violencia, basándose en el desprecio a los derechos humanos, promoviendo la intolerancia y el irrespeto hacia los derechos fundamentales de las personas. La responsabilidad moral de un diputado miembro de este órgano debe encontrarse respaldada por criterios morales y éticos que se ajusten a las normas y principios constitucionales", insistieron.

Por otro lado, consideran que resulta "crucial cómo diputados y diputadas de esta Honorable Cámara salvaguardar la idoneidad moral de este cuerpo legislativo y ajustada a los parámetros de Derechos Humanos consagrados en nuestra Constitución, impartiendo acciones disciplinarias necesarias para evitar que los discursos de odio, la violencia hacia las mujeres y otros colectivos se sigan reproduciendo en nuestra sociedad, y menos aún como parte de este cuerpo legislativo". (APFDigital)