Si la recaudación supera las metas, deberá destinarse a reducir antes el déficit fiscal. Se prevén un revalúo inmobiliario para cobrar más impuestos. Se limitarán las transferencias discrecionales a empresas estatales. Se transparentarán los gastos por la pandemia. Queda pendiente el debate de tarifas energéticas.
El borrador del memorando de política económica y financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se filtró a la prensa incluye diversas medidas que prometen polémica tanto dentro del Frente de Todos como con la oposición que lo resiste. Estos son los párrafos que más discusión generan:
“Se prevé que el PIB crezca [3½ -4½]% en 2022 y converja en torno a [1¾ a 2¼]% a mediano plazo.” Todo lo que está entre corchetes es porque aún permanece sin definirse. ¿La proyección de crecimiento de 2022 será más austera, como la de FMI, del 3%, o más ambiciosa, como la del ministro de Economía, Martín Guzmán, del 4%? El debate no es menor porque sólo creciendo al 4% se podría cumplir el sueño del Gobierno de reducir el déficit fiscal sin ajuste del gasto, de acuerdo con algunos expertos.
“Se proyecta que la cuenta corriente externa se mantendrá en superávit, apuntalada por un tipo de cambio efectivo real competitivo y reformas orientadas a impulsar las exportaciones en sectores clave. Esto, junto a un aumento de la inversión extranjera directa y las entradas oficiales netas, facilitará una acumulación gradual de reservas de US$ 15.000 millones a lo largo del programa y reforzará nuestro régimen cambiario.” Tipo de cambio competitivo implica devaluar al ritmo de la inflación, no como en 2021. Inversión extranjera remite a la apuesta fallida de Mauricio Macri. En este caso, el Gobierno aspira a proyectos mineros para el ingreso rápido de dólares. Entradas oficiales netas se refiere a un aumento del financiamiento del Banco Mundial y otros organismos multilaterales.
“Se garantiza que el crecimiento del gasto real (después de excluir el gasto extraordinario de Covid) siga siendo positivo en términos reales, y el gasto corriente esté focalizado de modo de dar lugar a una expansión en infraestructura e inversiones en ciencia y tecnología.” No sólo se aspira a no ajustar las erogaciones en términos reales (en relación a la inflación) sino a aumentarlas, pero las corrientes (es decir, lo que no es obra pública ni equipamiento) deben focalizarse, es decir, fijar prioridades y dejar otras de lado, como los subsidios energéticos a las clases media y alta.
“Si los ingresos reales del sector público nacional (netos de coparticipación) fueren superiores a los programados, nos comprometemos a hacer uso de esa oportunidad para virtuosamente reducir el déficit fiscal de forma acorde. [Se necesita acordar çómo lidiar con ingresos superiores a los programados y monitorear de manera efectiva el sobrerrendimiento “real”]. AQUI ES NECESARIO INCLUIR UNA LINEA SOBRE FINANCIAMIENTO EXTERNO ADICIONAL QUE PERMITA UN MAYOR GASTO DE CAPITAL.” Las mayúsculas fueron puestas así en el borrador. Si el Gobierno recauda más de lo previsto, no podrá gastar más, sino que deberá usarlo para recortar el financiamiento del déficit con otras fuentes, que pueden ser desde el endeudamiento en el mercado local hasta la emisión monetaria. Pero se nota que el Gobierno aún pelea con el FMI para invertir más en obra pública si es que consigue más financiamiento de organismos multilaterales o países, como China.
“Se esperan mejoras adicionales para garantizar que las valoraciones de las propiedades inmuebles reflejen mejor sus valores reales. Para ello, en estrecha coordinación con gobiernos provinciales, a fines de septiembre culminaremos el proceso de actualización de revalúos inmobiliarios a nivel federal a fin de que comiencen a regir a partir del ejercicio fiscal 2022.” Bienes Personales y los impuestos provinciales inmobiliarios se basan en valuaciones irrisorias. Por eso, la idea es modificar este aspecto y que se empiece a tributar más.
En otro párrafo se habla de reducir “aún más los impuestos sobre ciertas exportaciones de valor agregado”, es decir, retenciones, y evitar “impuestos adicionales sobre las transacciones financieras que afecten al ahorro interno o la inversión productiva”.
“Si bien los planes de pago de impuestos seguirán siendo necesarios, se evitarán amnistías fiscales.” Siempre se promete que cada blanqueo de capitales será el último, pero hasta ahora nunca se ha cumplido.
“En el frente del gasto, nuestros esfuerzos se centrarán en reorientar aún más el gasto hacia la inversión pública, en particular mejorando la focalización de los subsidios a la energía.” Este punto está en negrita en el borrador. Está siendo de objeto de gran debate con el FMI: porque el Gobierno, por orden de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sólo aumentó 20% las tarifas de luz y gas, pero Guzmán quería 35% y el FMI, hasta 60%.
El documento habla de “mantener un crecimiento real positivo del gasto y mejorar la eficiencia y progresividad del mismo, particularmente en las áreas de asistencia social, ciencia y tecnología e inversión pública.” Se refiere a los sectores en los que no se ajustará. ¿Y en los demás, más allá de los subsidios energéticos? ¿Qué ocurrirá en los ministerios de Agricultura, Ambiente, Cultura, Defensa, Desarrollo Productivo, Educación Justicia, Mujeres, Relaciones Exteriores, Salud, Seguridad, Trabajo y Seguridad Social, Transporte, Interior o Turismo?
“Las acciones a corto plazo se centran en garantizar el logro de la reducción planificada del 0,6% del PIB en subsidios a la energía en el 2022.” Más adelante se intentar aclarar el cómo, aunque para el FMI resulta insuficiente la eliminación de las subvenciones al 10% de los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que ya anunció el Gobierno en electricidad: “Se ampliará a otras nueve áreas urbanas para fines de mayo de 2022. Los ahorros del plan de segmentación podrían alcanzar 0,08 por ciento del PIB durante el 2022”. Es decir, poca cosa.
“Desarrollaremos, con el apoyo de la asistencia técnica del Banco Mundial y el FMI, un plan a mediano plazo para reducir en forma constante y paulatina los subsidios a la energía.” Se habla también de “garantizar que las tarifas de energía reflejen mejor los costos, a la vez que protejan a los usuarios de menores ingresos a través de las tarifas sociales y las transferencias de asistencia social”. La posibilidad de transferencias directas a los usuarios fue planteada alguna vez sin éxito dentro del Gobierno por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. El borrador prosigue: “Este plan se publicará a finales de [septiembre] 2022. [Pendiente: Reunión con equipos técnicos del Banco Mundial/FMI; inclusive para discutir opciones de financiamiento]” Así queda de manifiesto el seguimiento exhaustivo que ambos organismos darán a una reforma a la que el kirchnerismo siempre fue renuente.
“El programa establecerá una base de gasto en nuestros programas emblemáticos de apoyo—AUH, Tarjeta Alimentar, Progresar—con mejoras en su cobertura en caso de deterioro de las condiciones sociales.” En el gasto social no se menciona como emblemático al plan Potenciar Trabajo, tan defendido por las organizaciones sociales, y sí a la tarjeta para comida, que tanto criticaron dirigentes como Juan Grabois. De todos modos, el borrador destaca más adelante que el Potenciar Trabajo superó el millón de beneficiarios.
“Planeamos continuar aumentando el gasto de inversión en infraestructura a más del [2] por ciento en el 2022 (de un promedio del 1 por ciento del PIB durante 2018-20) y mantener este nivel a mediano plazo. Esta inversión se enfocará principalmente en mejorar las condiciones de vivienda y saneamiento en las áreas urbanas más pobres, y mejorar la infraestructura vial, energética, digital y logística del país. Asimismo, se protegerá y potenciará el gasto en ciencia y tecnología para fomentar la innovación.” Un 2% representa menos de la mitad de la inversión necesaria en infraestructura, según organismos multilaterales. ¿El sector privado pondrá el resto?
“Buscaremos racionalizar otros gastos mientras protegemos los ingresos reales de los jubilados y los trabajadores del sector público.” Es decir, no volverán a ajustarlos como en 2020, ¿pero qué otras erogaciones tocarán? El borrador habla de “limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales”, es decir, menos para los gobernadores, pero también para Aerolíneas Argentinas y otras compañías. Se llama a “administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con el crecimiento de la economía”. O sea, los empleados públicos podrán ir recuperando el poder de compra perdido sólo si la actividad mejora.
“Se prestará atención especial a la evaluación de los regímenes especiales previsionales, y a los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas. [Párrafo completo es objeto de una discusión más amplia].” Ya los corchetes anticiparon el debate que se desató sobre las jubilaciones a partir de la filtración de este borrador esta semana. El presidente Alberto Fernández aclaró que sólo tocarán los regímenes de jueces y diplomáticos, a los que ya modificó en 2020. En cambio, no se aclaró qué mecanismo favorecerá el retraso voluntario de la jubilación. En la actualidad, ya existe la posibilidad de que una persona demore el retiro hasta los 70 años en el caso de que así lo elija, en lugar de hacerlo a los 65 si es varón o a los 60 si es mujer.
“Si se consigue apoyo presupuestario externo superior al programado se reducirá aún más la necesidad del financiamiento monetario. [Pendiente: ¿Cómo lidiar con desembolsos más bajos?].” El Gobierno se compromete a reducir la asistencia del Banco Central al Tesoro del 3,5% del PBI en 2021 a sólo el 1% en 2022, pero puede bajarla más si organismos multilaterales o países se muestran más generosos con la Argentina. El Banco Mundial venía aprobando préstamos para la Argentina por entre 1.000 y 1.200 millones de dólares anuales en los últimos años, pero en 2021 llegó a 2.150 millones por la compra de vacunas y en 2022 ya aseguró otros 2.000 millones, es decir, más de lo habitual, pero tampoco por encima del año pasado.
“La tasa de variación del tipo de cambio oficial también debería apoyar la competitividad externa, con un régimen bien diseñado y calibrado de administración de flujos de capital que respalde aún más la acumulación de reservas.” Es decir, el cepo cambiario continuará para que crezcan los activos del Banco Central.
“La determinación de la tasa de interés real tendrá en cuenta medidas de inflación coincidentes y prospectivas que se actualizarán mensualmente, teniendo en cuenta otros factores, como la evolución de las reservas. Esto ayudará a asegurar que, en el futuro, las tasas de interés sobre los depósitos bancarios sigan siendo positivas en términos reales para apoyar la demanda de depósitos en pesos y el desarrollo del mercado nacional de títulos públicos. [Es necesario ponerse de acuerdo sobre los detalles de la función de reacción de la política monetaria].” Al final, el Gobierno termina admitiendo la suba de la tasa como herramienta antiinflacionaria, pese a la resistencia de algunos de sus economistas más heterodoxos.
“La tasa de variación del tipo de cambio oficial preservará la competitividad al mantener el tipo de cambio efectivo real en general sin alteraciones en relación con los niveles de finales de enero de 2022.” O sea, no habrá una devaluación brusca como la que pretendía el mercado el año pasado. Pero se deberá mantener el tipo de cambio real ajustado por inflación) multilateral (en relación al dólar, el euro, el real y el yuan) igual que el actual, muy similar al de diciembre de 2015, cuando Macri eliminó el cepo cambiario y devaluó el peso oficial, que venía sobrevalorado.
“Nuestras intervenciones en el mercado oficial (Mercado Único y Libre de Cambio, MULC) serán coherentes con nuestro objetivo de acumulación de reservas, teniendo en cuenta la variabilidad que proviene de la estacionalidad y de episodios temporales de volatilidad excesiva. Además, limitaremos nuestra intervención en el mercado a término sin entrega de instrumentos a aquellas circunstancias en las que se requiera orientación en el marco de política monetaria.” Es decir, no intervendrán para evitar devaluaciones sino que buscarán acumular reservas, para lo que se requiere un tipo de cambio competitivo, no sobrevalorado. Tampoco recurrirán en forma masiva a operaciones de dólar futuro para controlar el dólar.
“A medida que las condiciones se normalicen, mejore la transmisión de la política monetaria y se profundice la inclusión financiera, consideraremos la posibilidad de flexibilizar gradualmente los límites mínimos de las tasas pasivas y los límites máximos de las tasas activas de los bancos comerciales.” O sea, cuando la situación financiera se normalice, para lo que falta mucho tiempo, ya no asegurarán piso a los plazos fijos ni techo a los créditos al consumo.
“Es importante destacar que, a medida que las condiciones se normalicen, intentaremos flexibilizar las regulaciones sobre pagos a la importación para apoyar la recuperación económica.” Todavía queda mucho por andar, pero el Gobierno promete que algún día normalizará el cepo a la importación.
“La propuesta de modificación al régimen penal cambiario se presentará al Congreso a más tardar el [fin de diciembre] de 2022.” Mientras dure el cepo cambiario, la idea es castigar con más efectividad a quienes lo violan. En ese aspecto, tanto exportadores como importadores de bienes y servicios se han hecho expertos en saltarlo.
“La estrategia implicará converger a un sistema de regulaciones macro prudenciales que aliente flujos de capital estables y sostenibles.” Una vez que se pueda eliminar el cepo cambiario, no volverán a liberalizarse todos los flujos como hizo el gobierno de Macri, con Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central y Alfonso Prat-Gay como ministro de Hacienda.
“Estamos avanzando en la legislación y la reglamentación para incentivar la inversión y las exportaciones en sectores estratégicos – incluyendo la economía del conocimiento (aprobada en 2020), los hidrocarburos, la minería, la agroindustria y la industria automotriz- en estrecha consulta con los actores interesados. Esperamos que las iniciativas legislativas pertinentes sean consideradas por el Congreso en el transcurso del 2022.” Una expresión de deseos del Gobierno frente a propuestas que los bloques del Frente de Todos no han puesto como prioridad.
“La doble indemnización por despido sin causa justificada, que ya se está reduciendo en forma paulatina, que quedará sin efecto completamente a finales de junio de 2022.” Se ratifica este compromiso del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
El Ejecutivo promete el “desarrollo de nuevo marco normativo durante el 2022 que regule la actividad y apoye la inversión en el sector del hidrógeno” y el “diseño de un plan de inversión pública que contribuya a mitigar el impacto de las sequías e inundaciones” ante el cambio climático.
“Para salvaguardar aún más la estabilidad financiera, estamos tomando medidas importantes para (i) desalentar el uso de criptomonedas con miras a prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación; y (ii) apoyar aún más el actual proceso de digitalización de los pagos para mejorar la eficiencia y los costos de los sistemas de pagos y la gestión del efectivo.” Todavía sigue pendiente el esclarecimiento de las medidas contra el uso de criptoactivos.
“ESTO HAY QUE REVISARLO TODO, TAREA DE VILMA IBARRA. Publicar la información sobre el/los beneficiario/s final/es de las empresas adjudicatarias de contratos COVID por parte de la administración pública nacional (para finales de diciembre de 2022).” Llaman la atención las mayúsculas sobre la revisión que hará la secretaria legal y técnica. También que se ponga la lupa sobre los dueños de las compañías que proveyeron al Estado para atender la pandemia. Ante la emergencia se recurrió mucho a la contratación directa, sin licitación, y comienza a haber polémicas internas por ahora subterráneas que quizá terminen saliendo a la luz.
Se habla de que el FMI otorgará un préstamo para saldar el que le otorgó al gobierno de Macri y dejará algo más para fortalecer las reservas: “El nivel de acceso propuesto cubriría las obligaciones de recompra restantes en el marco del Acuerdo Stand By (“SBA” por sus siglas en inglés) de 2018, junto con una pequeña financiación neta (US$[4—] mil millones) para ayudar a impulsar los niveles muy bajos de las reservas internacionales. Dada la estructura de nuestras necesidades de balanza de pagos y la importancia crítica de acumular reservas al comienzo del programa, el escalonamiento del acceso será el siguiente [Pendiente: Discusión sobre el escalonamiento].” Aún resta saber si Guzmán logrará que el desembolso inicial del Fondo sea mayor, de modo de fortalecer las reservas en esta coyuntura complicada.
