Un mail en una causa por Asociación ilícita menciona a Rogelio Frigerio

La causa que investiga el rol que habría desempeñado el ex presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gestión en la maniobra para quedarse con el Grupo Indalo sigue su curso. En un mail, que consta en el expediente, uno de los imputados le envió a Cristóbal López una lista de seis funcionarios que habrían ayudado en el proceso de “hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas de Grupo Indalo”.

“Emilio M, Nicolás C, Ernesto S, Rodelo (sic) F, José T, Pepin” son los seis ex funcionarios de la gestión del ex presidente Mauricio Macri que son mencionados en un mail que el imputado Orlando Terranova le envió a Carlos Fabián de Sousa el 18 de septiembre de 2017, informándole que, en el contexto de “reestructuración accionaria, operativa y financiera total” del Grupo Indalo, propiedad de De Sousa y Cristóbal López, “yo trabajé en algunas ideas operativas que más adelante te paso y comparto”, añadiendo que “a dos semanas de iniciado el tema puede decir que los que ayudan son”, “Emilio M, Nicolás C, Ernesto S, Rodelo (sic) F, José T, Pepin”. El mail consignó que “se debe hacer todo muy bien para sumar mucha más gente. Mi idea es armar un plan de corto plazo y de mediano”. Rodríguez Simón lleva prófugo 453 días.

La información surge del expediente que se sustancia en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°I, en los Tribunales de Comodoro Py, en la causa caratulada “Macri Mauricio y otros s/ Asociación Ilícita”; en la que De Sousa es querellante junto a López. Terranova está imputado junto a Gustavo Casir y Gerardo Molinaro. En el expediente consta que “en los acuerdos se otorgó a los principales activos del Grupo Indalo un valor de realización aproximado a los U$S 679.000.000 (seiscientos setenta y nueve millones de dólares estadounidenses)”.

Negociaciones

En el expediente se consignó que “durante el curso de las negociaciones, con el propio López, Carlos Fabián de Sousa y funcionarios del entonces Gobierno Nacional, se firmó la Carta Oferta antes descripta que, según refirió el propio Terranova a Carlos Fabián de Sousa, contaba con la venia de al menos seis funcionarios de primera línea de Gobierno, o estrechamente vinculados a ellos, entre los que se destacan: Emilio Monzó, Nicolás Martín Caputo, Ernesto Sanz, Rogelio Frigerio, José Torello, Fabián Jorge Rodríguez Simón. Tanto la Carta Oferta como el modelo de mandato en cuestión habrían sido elaborados por los aquí imputados”.

El expediente se inició el 12 de marzo de 2019, en virtud de la extracción de testimonios realizada por el Magistrado a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°5, Javier Cosentino, “a raíz de una serie de manifestaciones efectuadas por De Sousa en el marco de una audiencia celebrada en la causa caratulada ‘Oil Combustibles S.A. s/ quiebra’”. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37 declinó la competencia hacia el fuero Federal, quedando finalmente radicadas las actuaciones en el Juzgado Federal el 3 de abril de 2019.

Objeto procesal

De Sousa declaró como testigo a requerimiento del fiscal federal, Guillermo Marijuan, en un expediente en el que “el objeto procesal quedó ceñido a la investigación de diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas de Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional”.

En el expediente se señaló que “esos actos habrían sido contra los bienes de Grupo Indalo, como así también personales contra sus accionistas: Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Sousa, y habrían tenido inicio en el mes de octubre de 20.15 (acentuándose a partir de marzo de 2016), luego de una reunión que el día 25 de octubre de 2015 el entonces candidato a Presidente de la Nación Mauricio Macri tuviera con querellante. López, donde este último se habría negado a poner a disposición de Macri los medios periodísticos de Indalo, y en contra del Gobierno que encabezara Cristina Fernández de Kirchner”.

Reuniones

En su defensa, Terranova, Casir y Molinaro negaron los roles que se les imputó. No obstante, los tres reconocieron que mantuvieron reuniones en la Casa Rosada con funcionarios de la gestión del ex presidente Macri. Terranova sostuvo que fue porque el principal acreedor de Indalo era el Estado, en tanto que Casir y Molinaro señalaron que sus participaciones “fueron muy naturales para ellos, y lógicamente incluidas en su mandato profesional ya que se trataba ni más ni menos que de comenzar algún tipo de interacción con quien resultaba el principal acreedor de Grupo Indalo”.

Casir y Molinaro sostuvieron que “si es que existió un plan criminal como se describe en los hechos, nosotros no tuvimos nada que ver con eso ni hemos tenido conocimiento o sospecha alguna de que existiera. Ni desde un plano objetivo (pues simplemente desarrollamos un trabajo profesional) ni subjetivo (pues no tuvimos conocimiento o sospechas de hipotéticos propósitos delictivos)”. Reiteraron que son “profesionales versados en reestructuraciones corporativas de modo tal que el modo de sostener nuestra total neutralidad es relativamente sencillo ya que es necesario para esto un primer y principal análisis que tiene que ver con la adaptación o no al rol funcional de quien es acusado de un delito”.

En su defensa, Casir y Molinaro concluyeron que “era claro que si había habido algún delito por parte de los funcionarios del caso eso no tenía nada que ver con sus actuaciones como profesionales por la que habían sido convocados; que no aportaron nada a ello, sino diseñaron un proceso de reestructuración destinado a dar alivio a Grupo Indalo cumpliendo, en todos los aspectos, con la normativa aplicable”.

Terranova se defendió señalando que el Proyecto Flecha, como se denominó al proceso de reestructuración de Indalo, “a) no se llegó a implementar; b) no existió principio de ejecución; c) no se realizó ningún acto de disposición patrimonial; d) no se llevaron a cabo actos de administración; e) los poderes suscriptos por los querellantes y a favor de la compañía de management, nunca fueron operativos ni ejecutados de modo alguno y fueron devueltos (además que él no estaba incluido en esos documentos)”.

ATN

A la hora de valorar la prueba para decidir el procesamiento, se tuvo en cuenta que del correo electrónico, que “en copia estaba Casir, Terranova demostró que tenía un importante apoyo de diferentes funcionarios y allegados al entonces Gobierno, a saber: Emilio Monzó, Nicolás Caputo, Ernesto Sanz, Rogelio Frigerio, José Torello, Fabián Jorge Rodríguez Simón”. En este sentido se consideró que López manifestó que “Terranova dijo que Frigerio les iba a mandar ATN (adelantos del tesoro nacional) a los gobernadores para que pauten en el canal y sacar los problemas financieros, pero que necesitaba sacar a (Roberto) Navarro del canal como una señal que lo estaba manejando él al canal. Le dije que era su decisión, y Fabián de Sousa lo echó… De la búsqueda en diferentes periódicos de la época, surge que efectivamente a Roberto Navarro lo despidieron alrededor del 19 de septiembre de 2017 del canal de televisión C5N; es decir, al día siguiente del correo electrónico que Terranova envió a Carlos Fabián de Sousa”.

FUENTE: EL DIARIO