El trágico desenlace en la puerta de los tribunales de Concordia con el fallecimiento de una peticionante convoca a replantear la relación entre un poder del Estado y la sociedad.
¿Prohibido interpelar?
Por José Velázquez (*)
El trágico hecho ocurrido en los Tribunales de Concordia nos debe conmover a todos quienes estamos vinculados al servicio de justicia. Esto ocurre en un contexto caracterizado por una tendencia a la descentralización que paralelamente otorga mayor autonomía a los órganos del Estado para una mejor respuesta a la ciudadanía.
El Poder Judicial no ha sido ajena a esa tendencia, aunque importantes funcionarios de ese Poder no entiendan que esa mayor autonomía va acompasada con mayores deberes, entre ellos, dar respuesta, informar y explicar.
El valor justicia no es un concepto abstracto ni absoluto, es más bien una práctica, un proceso de aprendizaje acerca de cómo resolver los conflictos que surgen en nuestra comunidad y, en ese camino, debemos pensar el servicio de justicia, su acceso y tutela.
De la misma manera, la democracia es el respeto a la minoría, la convivencia de ideas y el protagonismo popular, el derecho a interpelar, a saber de qué se trata aquello que refiere a lo público.
Sobre esas premisas y frente al hecho trágico adquiere valor la actitud institucional de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia al dar la cara ante la sociedad y ordenar la apertura de una información sumaria que deberá respetar el estado de inocencia y el debido proceso, pero con la firme convicción de descubrir la realidad de los hechos.
La sola decisión es una respuesta a la sociedad y a la vez una interpelación al Ministerio Publico Fiscal. Ningún funcionario tiene que sentirse ofendido porque se le pide explicaciones por algún asunto, más bien se trata de una carga que tienen los funcionarios en una sociedad democrática como la nuestra. Sin embargo, las primeras respuestas a la decisión de la Presidenta de STJ fueron chicanas teñidas de prejuicios y estereotipos.
¿Por qué molesta tanto la interpelación frente a un hecho tan grave como la pérdida de una vida? Que el Ministerio Publico Fiscal tenga la costumbre de no dar respuesta y sostener una política criminal reservada no es argumento para sostenerla en el tiempo.
Es sabido que las generalizaciones son odiosas y por ello reconozco que me cruzo habitualmente con numerosos fiscales y empleados que ansían y trabajan por una justicia a puertas abiertas que brinde las respuestas que demanda la comunidad. Pero claramente hay otros tantos, y especialmente la cúpula del Ministerio Público Fiscal, que no piensa ni actúa de esa manera.
Quienes sufrimos estas vergüenzas y tenemos la esperanza de modificarlas tenemos una oportunidad reconociendo la actitud de la presidenta del Superior Tribunal, Dra. Susana Medina y desde allí exhortar a construir un mejor servicio de justicia desde el diálogo frontal y crítico, pero también con la humildad de dar respuestas.
(*) Abogado penalista de Paraná