De los nueve entrerrianos que integran la Cámara de Diputados de la Nación, ocho apoyaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de 44 mil millones de dólares contraída por Mauricio Macri en 2018 · El camporista Tomás Ledesma fue el único que votó en contra y explicó sus argumentos en un documento al que tuvo acceso APFDigital
Todos los legisladores entrerrianos de Juntos por el Cambio votaron a favor de proyecto de ley que avala el Acuerdo de Facilidades Extendidas entre Argentina y el FMI: Gabriela Lena, Gustavo Hein, Rogelio Frigerio, Marcela Ántola y Pedro Galimberti.
También lo hicieron Blanca Osuna, Carolina Gaillard y Marcelo Casaretto, quienes ya habían adelantado su intención de acompañar la iniciativa.
Ledesma no había anticipado cuál sería su voto y tampoco tomó la palabra durante la maratónica sesión de la Cámara de Diputados de la Nación. En cambio, decidió hacer pública su postura a través de un documento titulado “La vuelta del FMI a la Argentina ¿Cómo llegamos hasta aquí?”, donde da “los argumentos políticos y económicos” por los cuales decidió votar en forma negativa.
En el extenso texto, el legislador hace un repaso histórico de la presencia del FMI en el país y dedica varios párrafos a recordar la cancelación de la deuda en el gobierno de Néstor Kirchner. Además destaca que la decisión de discutir en el Congreso el nuevo acuerdo con el FMI “es un mérito democrático indiscutible e insoslayable” que se ubica “muy lejos de los 3 minutos de cadena nacional de mayo de 2018 donde Mauricio Macri le anunció en forma unilateral a los argentinos y argentinas que el Fondo volvía a nuestro país”.
De todos modos, señala que el nuevo acuerdo “no es nuevo ni es un acuerdo” y asegura que “sus líneas directrices son las de siempre: reducción del déficit por ajuste del gasto; tope al crecimiento y acumulación de reservas netas; tasa de interés positiva; devaluación controlada del dólar; política monetaria contractiva tendiente a la eliminación de la emisión monetaria”.
También advierte que “el grado de injerencia en la administración de la cosa pública que tendrá el FMI a partir de este acuerdo, lo convierte en un coadministrador”, y remarca que “no asegura la sostenibilidad del endeudamiento luego de 2025”, entre otros puntos.
