El Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, anunció el martes que pretende avanzar en una resolución para que el uso propio de semillas, derecho universal que resguarda la ley vigente en nuestro país, pase a ser pago.
Este anuncio lo hizo en una reunión con representantes de la industria de semillas, junto a Obdulio San Martín, Presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y ex CEO de la conocida semillera Don Mario.
Según el proyecto, a partir de la próxima cosecha (campaña 20222/23), se comenzará a cobrar una tasa o retención obligatoria a las y los productores, sobre el valor de los granos que comercialicen. Luego el Estado le pagaría las regalías a las empresas semilleras.
El pago de esta “regalía obligatoria” deberán hacerla todos los productores, aún los que no hayan comprado semillas. Sería una manera de poner fin al “derecho de uso propio de semillas” sin mediar la reforma de la Ley. Estarán exceptuados solamente las y los pequeños agricultores registrados debidamente en el Renaf (registro de la agricultura familiar).
El fin del derecho de uso propio, y el cobro de la “regalías extendidas”, es un reclamo histórico de las semilleras, especialmente a partir de la aparición de la soja Intacta. Porque las corporaciones no se conforman con el cobro de regalías por la venta de las semillas, sino que pretenden cobrar en los años sucesivos, cada vez que los productores vuelven a sembrar las semillas que ellos mismos cosechan producto de su trabajo en el campo. Lo que significa un feroz avance sobre la propiedad de las semillas. Como la ley vigente no lo permite, de hecho, las semilleras han diseñado dispositivos para este cobro, como son el sistema Bolsatech desde hace unos años y el reciente Enlist (nueva tecnología de soja).
Sin dudas, el dominio de las semillas es un tema vital para la soberanía de los pueblos. La historia de la disputa por este tema es de larga data en nuestro país. En el sentido de conformar a las corporaciones y garantizarles las regalías extendidas hubo un primer intento de Decreto de Necesidad y Urgencia de la entonces presidenta Cristina Fernández, que no prosperó por la fuerte oposición de numerosas organizaciones, incluso de algunas entidades del campo, y aún de algunos sectores del oficialismo. Luego, hubo proyectos de modificación de la Ley de semillas, que nunca lograron aprobarse, ni siquiera durante el gobierno de Macri.
Falta conocer muchos detalles de la propuesta, pero ya hay varios que festejan. Uno de ellos es Antonio Aracre, CEO de la semillera multinacional Syngenta, que últimamente viene acompañando mediáticamente varios anuncios del gobierno, quien publico un tweet: “Ansiosos por escuchar al Ministro @juliandominguez en Agroindustria esperando lo que puede ser el anuncio más importante y disruptivo de los últimos 20 años para el futuro del Agro en Argentina”.
Si se aprueba este proyecto, que impulsa hoy el ministro Julián Domínguez, el gobierno de Fernández será responsable de terminar con la universalidad del derecho de las y los productores de usar sus propias las semillas. Sería una restricción de ese derecho ejercido durante miles de años. Parece que, cuando se trata de rendirse frente a los intereses de las multinacionales, no cuenta la política de ampliación de derechos, sino todo lo contrario.
Fuente: biodiversidadla.org
